Blogue | Patio de luces

Malicia

Tenemos la obligación de asegurarnos el ejercicio de nuestro derecho a recibir información veraz

SUPONGO QUE son dos formas distintas de concebir la vida y la libertad. Seguramente, ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. A estas alturas de la película, hay que ser muy atrevido, o profundamente ignorante, para hacer afirmaciones categóricas con respecto a cuestiones relativas al comportamiento y a la forma que eligen las personas para conducirse por este valle de lágrimas.

Sin caer de narices en las pantanosas arenas de ese relativismo moral en el que casi todo cabe y bajo cuyo manto prácticamente todo esta permitido, tampoco está de más alegar en contra de cualquier tipo de pensamiento único y excluyente. En tiempos crisis como los que vivimos, rodeados de incertidumbre y desazón, hay quienes se decantan por dejar en manos del Estado todas aquellas decisiones encaminadas a encauzar la situación y guiar el barco hacia buen puerto, si eso es realmente posible. Es el Gobierno quien decide qué hacer, cómo hacerlo y en qué circunstancias deben ser penalizados aquellos individuos que se salen del orden establecido. Descarga sobre la espalda de una especie de entidad omnisciente toda la responsabilidad, de modo que reduce a la mínima expresión la incumben cia de las personas en sus propios asuntos. Otros, en cambio, son partidarios de repartir tan pesada carga con los propios individuos, apelando a la madurez, a la sensatez y al sentido común de cada uno. Seguramente, también en esta ocasión, en el centro está la virtud. La Administración tiene que ocuparse de lo suyo, pero la gente tampoco puede, ni debe, obviar ni sus derechos ni, mucho menos, sus deberes.

Todo esto viene a cuento de la que se ha montado estos días por el anuncio, o confesión, del Gobierno de España sobre la monitorización de las redes sociales para frenar bulos o campañas de desinformación a través de Internet. Como siempre, cuando estalla la polémica, hay opiniones para todos los gustos. Por supuesto, desde sectores afines a la oposición se critica la decisión del bipartito con severidad. Ven en esas maniobras un intento claro de amordazar a los disidentes y de frenar las críticas a una gestión que ya han calificado como desastrosa. De forma distinta aprecian las intenciones del Ejecutivo desde ámbitos más próximos a su espectro ideológico. Conciben ese trabajo casi como un servicio público para desmontar discursos “peligrosos” y desenredar mentiras que pueden provocar efectos perniciosos en la sociedad. Ni lo uno ni lo otro. Es evidente que estamos librando una contienda de dimensiones inéditas y, aunque el enemigo común sea invisible, se cumple aquella célebre afirmación atribuida a distintos padres: “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están para perseguir delitos. Es esa su principal función. Entiendo, sin miedo a equivocarme, que ya lo venían haciendo antes de la actual situación de emergencia sanitaria. Si efectivamente detectan la existencia en las redes sociales o en cualquier otro canal de comunicación de mensajes o informaciones falsas cuya naturaleza puede ser punible, su obligación es identificar y poner a disposición de la Justicia a los responsables de esas publicaciones. Sin más. Hasta ahí, y no es poco, llega su función como instrumento de servicio público.

Lo demás es asunto nuestro. Somos nosotros los que, en el ejercicio de nuestro derecho constitucional a recibir información veraz, deberíamos buscar aquellos canales que realmente dan respuesta a esa necesidad. Dar pábulo a falacias, contribuir a la difusión de falsedades a través de las redes sociales, distribuir mensajes que alimentan el odio o apadrinar informaciones sesgadas y malintencionadas, casi siempre de procedencia desconocida,no es un comportamiento inofensivo. Favorece a quien dirige la orquesta desde las sombras, satisface a los que disfrutan de la melodía y perjudica a todos los demás. Tampoco nuestra indiferencia es inocua. La malicia se oculta muchas veces bajo el manto de la libertad de expresión. Deberíamos aprender a distinguirla. O al menos intentarlo. Por nuestro propio bien.