Empatía. O se tiene o no se tiene. Es la capacidad de identificarse con alguien y de compartir sus sentimientos. Se trata de ponerse en el sitio de otras personas para comprender mejor cómo piensan o lo que pueden sentir ante determinadas circunstancias. Es, sin lugar a dudas, una cualidad encomiable en el ámbito personal. Aquellos individuos que hacen gala de ella son, seguramente, más comprensivos, más compasivos y más generosos con sus semejantes. Son capaces de percibir como propias las preocupaciones y el dolor ajeno. Se conducen con mayor honestidad ante las penas y las alegrías de la gente con la que se relacionan. Son los que saben estar a las duras y a las maduras. Son mejores amigos, compañeros o vecinos. Son, en definitiva, más humanos, en el sentido más amplio de la palabra. Por su puesto, debería ser condición indispensable en el terreno de la política. Sería muy recomendable que aquellos que ejercen cargo público se pusiesen más a menudo en el lugar de los demás. Que viesen, escuchasen y sintiesen, al menos de vez en cuando, lo que ven, escuchan y sienten los sufridos administrados.
En esta última semana he vuelto a percibir una notable falta de empatía por parte de los representantes políticos con respecto a la sociedad a la que tienen la obligación de servir. Es indudable que la prioridad de cualquier gobernante sensato tiene que ser, en este momento, frenar la pandemia. Hay que cortar esas cadenas de transmisión que están propagando el coronavirus y ello implica tomar decisiones impopulares y adoptar medidas muy duras. Pero no es menos cierto que a la hora de aplicar restricciones también tiene que haber por parte de las administraciones públicas una sensibilidad especial hacia aquellos sectores que están siendo golpeados sin contemplaciones por las consecuencias de la situación sanitaria. Es evidente que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, pero hay negocios que se están viendo especialmente perjudicados. Con su actividad suspendida por decreto. Los hosteleros afirman que los problemas de liquidez se han convertido ya en casos de insolvencia. Los comerciantes piden ayudas "directas" e "inmediatas". Con el toque de queda, bares y cafeterías cerrados, la prohibición de reuniones entre no convivientes y los establecimientos no esenciales con la persiana bajada a partir de las seis de la tarde, Lugo parece una ciudad fantasma.
Pues con la que está cayendo, nuestros representantes públicos, con honrosas excepciones, vuelven a las andadas. Confunden una vez más las instituciones con las sedes de sus respectivos partidos e intentan hacer política en minúsculas a cuenta del dinero de todos. En los últimos días, hemos escuchado a portavoces de la Xunta y de la Diputación, también de los ayuntamientos, discrepar sobre las aportaciones de unos y otros a ese plan de rescate para ayudar a los sectores más zarandeados por la pandemia. Sin entrar en el fondo del asunto, en cuánto debería poner o dejar de cada uno, los propios términos de la discusión revelan esa falta de tacto y de sensibilidad hacia las familias que lo están pasando mal por culpa de las restricciones.
El debate se produce entre señores que no han visto reducidos sus ingresos a causa de la crisis. Algunos se han congelado el sueldo, otros ni eso. Se cuela por debajo de la puerta el olor inconfundible de la hipocresía. Se percibe incluso con la mascarilla puesta, por la evidencia de que aquellos que deberían estar preocupados por sacarnos del bache, están más interesados en desgastar al rival político y en vendernos la moto. Incluso en estas circunstancias, no parece que sea su prioridad buscar alivio inmediato a la complicada situación de quienes se están llevando la peor parte de todo esto. Hablan con demasiada alegría de los "recursos propios" de cada institución. Se olvidan con suma facilidad de que todo el dinero es de los ciudadanos, salga de una cuenta o de la otra. Son los que pagan y son los que piden y necesitan ayuda.
No es sencillo fingir empatía. Se tiene o no se tiene.
