ES INNEGABLE que lo que ha cambiado en el ámbito de la comunicación social no es únicamente un modelo de negocio. Todo el ecosistema se ha visto irremediablemente alterado por la irrupción de las nuevas tecnologías y, de forma especial, por el éxito de las propias redes sociales como canales de relación interpersonal y de difusión de la información. La función de gatekeeper que antes realizaba el periodismo convencional, dado que eran los propios medios los que cribaban las noticias que llegaban a la opinión pública, después del correspondiente trabajo en las redacciones para contrastar los hechos, se presenta ahora mucho más limitada. Cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, puede difundir un contenido con un impacto muy superior —al menos en lo que se refiere al número de personas alcanzadas— al que nunca podría haber aspirado un periódico, incluso de tirada nacional, en un tiempo no tan lejano.
Sin embargo, el buen periodismo importa y sigue siendo necesario. Efectivamente, cualquiera puede transmitir información, pero es el ejercicio honesto de esta profesión el que le aporta a la audiencia una garantía con respecto a la veracidad de las noticias que recibe a través de los diferentes medios de comunicación, más allá de la línea editorial de cada uno. En este momento, sin embargo, los profesionales tienen que competir con todo el contenido que se difunde a través de las redes sociales. A veces, incluso, perder tiempo y esfuerzo en desmentir los bulos que se propagan bajo una apariencia de veracidad.
Los usuarios ya no son meros receptores, sino que ellos mismos se convierten también en emisores de información, de opiniones o de comentarios. Leen, escuchan y ven. Y luego responden. Hay una interacción permanente y, en medio de toda esa maraña, no siempre resulta sencillo diferenciar aquello que es veraz de lo que no son más que auténticas falsedades. En esa jungla encuentran su hábitat perfecto las llamadas fake news, que también existen en el ámbito local.
Realmente estamos muy desprotegidos frente a aquellos que hacen uso de informaciones sesgadas, maliciosas o simplemente falsas a través de internet. Hay que tener en cuenta que no hablamos solo de prácticas individuales, que pueden tener en un momento dado más o menos repercusión, sino de auténticas estrategias concebidas, diseñadas y ejecutadas para manipular a la opinión pública y, como sucedió recientemente en algunos procesos electorales, a la propia democracia. Se le atribuye a Joseph Goebbels, al frente de la propaganda en el Partido Nazi y luego en Tercer Reich, la idea de que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Seguramente pocas cosas son tan sencillas como la reiteración en la red de redes.
Paradójicamente, como profesionales del periodismo nos encontramos a menudo, incluso en nuestro propio entorno familiar, con gente que cuestiona la veracidad de las noticias transmitidas por los medios convencionales frente a "lo que dice internet", como si esa mal entendida libertad de expresión a través de las redes sociales fuese capaz de doblegar a una supuesta censura impuesta por grupos de poder en el ámbito de la comunicación.
No es un tema menor. Sucede que, desde el punto de vista del derecho, estamos a merced de verdaderos sindicatos de intereses, resguardados a la sombra del código fuente, que se mueven con relativa impunidad, sin que nuestro ordenamiento jurídico haya sido capaz de darle hasta ahora una respuesta tan necesaria como eficaz.
Si al amparo de la libertad de expresión cualquiera puede transmitir información falsa, siempre que no vulnere derechos, no cabe duda de que se hace necesario un cambio en la perspectiva jurídica para proteger a la propia democracia de sí misma. No parece tarea sencilla, en cualquier caso, la búsqueda de un equilibrio que, al menos, ponga coto a esas prácticas de manipulación de la opinión pública.
Puede suceder en este caso lo mismo que pasa, o al menos eso nos dicen las autoridades sanitarias, con las vacunas contra el covid-19. Seguramente el beneficio compense los riesgos.
