Ahora que está tan de moda hablar de la calidad democrática conviene recordar que lo que este país lleva años haciendo con el voto de sus ciudadanos en el exterior no contribuye precisamente a reforzar la imagen de España como democracia plena. El voto emigrante no es tan mediático como el procés, los disturbios o Pablo Hasel, pero sí al menos igual de importante. No corregir la actual anomalía electoral significa asumir que hay ciudadanos de primera y de segunda ante las urnas. Y eso es grave.
Especialmente en el caso de Galicia, la comunidad que más emigrantes tiene con mucha diferencia sobre la segunda —Madrid—. El censo exterior, que no deja de crecer año tras año con la misma intensidad con la que mengua el padrón doméstico, otorgaba derecho a voto el pasado 12 de julio a casi 470.000 gallegos. Son más que los habitantes de la provincia de Lugo o la de Ourense y, de hecho, la emigración constituiría por derecho la tercera circunscripción gallega más importante. Y de darle tal consideración, elegiría cerca de una veintena de escaños en el Parlamento gallego.
Sin embargo, de todo ese capital de nuestra quinta provincia solo votaron 5.726, lo que supone un pírrico 1,24% del censo. Es curioso que, siendo tan pocos, resultasen determinantes en la provincia de Pontevedra, donde arrebataron el escaño 15 al PSOE para convertirlo en el 42 del PP.
En cualquier caso, ese detalle no debe ocultar el problema de fondo que vive la colectividad exterior desde que en 2011 PP, PSOE, CiU y PNV impulsaron la reforma electoral que introdujo el polémico sistema del voto rogado. Hay que reconocer que en aquel momento la intención era buena: acabar con otro modelo que tampoco ofrecía muchas garantías democráticas.
Hasta ese año, la emigración votaba del mismo modo que se hacía aquí: la junta electoral les enviaba las papeletas a sus domicilios de medio mundo y los sobres regresaban con el voto dentro, pero sin ningún tipo de garantía ni control de que quien votaba era el destinatario. Eso alimentó historias de viajes electorales, carreteo de sacas y mafia electoral.
Eran tiempos en los que, como ocurrió en 2005, llegaron a votar 105.852 emigrantes gallegos, el 34,7% del censo. Entonces, una participación baja era el 17%.
Se supone que entre aquel 35% sin control y la actual apatía del 1,24% tiene que haber un camino intermedio. Cuántos voten es lo de menos. Lo relevante, en una democracia plena, es que todos puedan
