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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

La última bala para Alcoa

Con intervención o no, la Sepi es quien ofrece más garantías para la continuidad de la planta
Vista de la fábrica de Alcoa, en San Cibrao. AEP
Vista de la fábrica de Alcoa, en San Cibrao. AEP

HABLAN LOS hechos, las decisiones, e indican el camino a seguir. Por empedrado y sinuoso que sea. Con su último movimiento, el de activar el despido colectivo en A Mariña y parar las cubas de electrolisis, por muy ordenada que sea la maniobra, llega el momento de que se pronuncien también con hechos quienes en todo este tiempo no han ahorrado advertencias y adjetivos. De lo contrario, serían prisioneros de sus palabras.

"Alcoa prevé que la hibernación ordenada de las cubas concluya en el primer trimestre de 2021". Son sus tiempos, que en síntesis marcan el horizonte de vida de la fábrica. Y también el límite a un margen de actuación menguante para esos dos actores que tanto se han empleado en marcar a fuego sus amenazas en las últimas semanas. Porque es la hora de la Xunta y del Gobierno central.

En esta vida, las intenciones son indemostrables. La mala fe, no. Está definida en el Código Civil. Y puede acabar en un juzgado. Si se demuestra, claro. Y a eso se debe a agarrar el primer dique de contención en este conflicto, que no es otro que la autoridad laboral, en manos de la jefatura territorial de la flamante Consellería de Emprego en Lugo. Horas antes del anuncio realizado por los mensajeros del miedo de la multinacional norteamericana en España, la Xunta puso negro sobre blanco el catálogo de desplantes y supuestas tretas y artimañas urdidas por Alcoa en el proceso de negociación del despido colectivo que ahora se activa. Por tanto, en este caso, La última bala para Alcoa pasar de las palabras a los hechos consiste en denunciar en los juzgados de lo Social todos los incumplimientos en el proceso y la mala fe aparentemente demostrada. En el caso de una empresa con tantos trabajadores afectados, la nulidad del Ere será asunto que se dirima finalmente en la Audiencia Nacional. Largo recorrido, pues, a este proceso, por el que debe transitar con paso firme la Xunta, al igual que ya lo está haciendo el comité de empresa.

En el segundo frente de contención también hay mucho margen para hacer, después de tanto decir. Y es la intervención de la planta de aluminio, sin tener del todo claro a estas alturas del "thriller" en qué consiste realmente eso de intervenir. Núñez Feijóo dejó clara esta semana su posición: si se acredita esa mala fe de Alcoa, en este caso para no vender a un competidor, "entonces el Gobierno de España tendrá una petición formal para intervenir la compañía". Además del Ere "fraudulento", a ojos del presidente gallego, en un proceso que "no se acoge a la legalidad", para el vicepresidente económico Francisco Conde, tenemos ahora delante esa nebulosa de la intervención, que solo se distingue de una nacionalización pura y dura, aparentemente, en los tiempos a aplicar; es decir, en el período que transcurra mientras que está en manos del Estado y se encuentre finalmente un comprador, lo que sería una reprivatización. A uno u otro cóctel habría que añadir, sin edulcorantes, las más que presumible indemnización que exigirían los norteamericanos, también en los juzgados, y el coste de la decisión a efectos de la inopinada seguridad jurídica de la que, supuestamente, presume este país.

Nacionalizar no es de derechas ni de izquierdas. Y eso parece que todavía no lo tenemos claro. Lo vino a explicar gráficamente el propio Mariano Rajoy en su día, para ilustrar una de sus primeras medidas cuando llegó a La Moncloa como fue el proceso de nacionalización de medio sistema financiero, aunque en ese caso la operación pivotaba sobre las cajas de ahorros, cuya propiedad siempre fue un cenagal por el que se movían muy bien sus directivos.

Intervención o nacionalización temporal, con su coste, claro, la clave de bóveda de la estrategia frente a la multinacional, sea expuesta en los despachos o en los juzgados, reside en la consideración de la planta de aluminio como estratégica para la economía española. Porque es la única. Alcoa y sus cubas no se pararon en pleno confinamiento, al ser considerada una industria esencial. Es un punto de partida. Si algo nos ha enseñado la pandemia es a mirar de nuevo a la industria básica, ante la falta de suministros en los peores días. Sin Alcoa, la capacidad de autoabastecimiento de aluminio primario sería igual a cero. Ese es el elemento que debe primar con la última bala: el papel de la Sepi para hacerse con el control de la planta y buscar comprador. Sea como sea.

El lado más oscuro de Pescanova y su expresidente

Ha sido hasta rápido el proceso. En julio remató la vista oral de un juicio que tendrá segunda parte en los recursos que presentará en el Supremo Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova. También, hasta cierto punto, han sido unas penas relativas: ocho años de cárcel frente a los cerca de treinta que pedía la Fiscalía para el empresario, en su día todopoderoso. La larga sentencia de la Audiencia Nacional da validez a todo lo destapado en su día por la auditoría forensic que el propio Fernández de Sousa-Faro encargó para aplacar la ira de algunos de sus accionistas más destacados. Ese fue el gran error del empresario, que a la postre ha servido, por vía judicial, para salvar Pescanova.

El autor material de la quiebra de Caixa Galicia

Viaje en el tiempo. Vuelve a ser un tribunal de Madrid, otra vez la Audiencia Nacional, el encargado de reconstruir parte del pasado reciente de la crisis en Galicia. Poco parece importar esto, incluso para el Parlamento, con una comisión de investigación de las cajas que nunca se llegó a cerrar. Ni conclusiones hay. Y es ahora una de las denuncias del Frob por operaciones irregulares la que sirve para resituar parte de lo sabido: que la Caixa Galicia de José Luis Méndez llegó quebrada a la fusión. Nada nuevo bajo el sol, excepto que lo dice un tribunal para regocijo de los palmeros del sur, que tienen su premio de consolación, olvidando que sus directivos pasaron por la cárcel. Y José Luis Méndez, desaparecido.

La última bala para Alcoa
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