El colectivo Alecrín entregará más de 4.000 euros a María Jesús Mosteiro, la mujer de Melide a la que derribaron el pasado febrero su casa, que representaba su única solución habitacional ya que, aunque trabaja como interna en A Coruña, está a las puertas de jubilarse. Su intención era regresar a su localidad natal para residir en uno de los dos inmuebles levantados por sus padres hace más de 60 años, que fueron objeto de denuncias vecinales y de la consecuente demolición por irregularidades urbanísticas.
Esa cuantía, que le permitirá hacer frente a casi siete años de alquiler social, es fruto de la campaña de recaudación que iniciaron desde la asociación de mujeres rurales como respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que se vio inmersa esta vecina. En concreto son 4.020 euros los que Alecrín abonará a lo largo de estos días, explica la presidenta de la asociación, Aurora Fernández, si bien recuerda que permanece activa la cuenta bancaria en Abanca (ES10 2080 0370 9830 4000 7902). "Todo o que vaiamos recibindo irá para Chus", apunta Aurora, quien explica el germen de esta iniciativa.
"A idea veu dunha gran cantidade de socios que insistían en que querían facer algo para axudarlle", cuenta, y así arrancaba una colaboración que, reconoce Aurora, "lle correspondía ás administracións, pero como cando outra xente tivo problemas sempre se lles botou unha man, desta volta non ía ser diferente". La presidenta de Alecrín, que engloba a unos 900 socios, habla así de otras campañas solidarias llevadas a cabo desde la entidad, sobre todo con personas recién llegadas a Melide, cuando se inició la guerra de Ucrania o incluso casos particulares en los que se entrega ropa u otros bienes de primera necesidad.
Aurora Fernández matiza que la entrega del dinero se hará esta semana "para non interferir coas eleccións; non queriamos que se politizase máis este asunto", el cual ocupó uno de los plenos más tensos de los últimos meses entre gobierno y oposición. Y es que fue el Concello el responsable subsidiario del derribo de los dos inmuebles al llegar la orden de ejecutar la demolición "poucos meses antes de que prescribise", indicó entonces el regidor, José Manuel Pérez, sobre un proceso que se inició en 2009 con la denuncia de tres vecinos tras la reforma interior de una de esas casas.
