Dos vecinos del municipio lucense de O Páramo, padre e hijo, han aceptado dos años de prisión y 45.000 euros a devolver a seis familias afectadas tras reconocer que falsearon documentos de compraventas de fincas que iban a ser expropiadas por la Xunta para cobrar esta indemnización.
Las acusaciones particulares y la defensa de los dos hombres llegaron a un acuerdo, suscrito también por Fiscalía, en el que se pedía en principio cuatro años de prisión por haber falsificado documentos de compraventa de fincas que iban a ser expropiadas con la intención de cobrar la indemnización fijada. Alguna acusación incluso planteaba que lo hacían con el propósito de quedarse con esas propiedades.
Padre e hijo estaban acusados de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad de documento público. La acusación pública mantenía que los acusados habían ejecutado un "plan preconcebido" con el objetivo de percibir indemnizaciones por la expropiación de unas fincas por parte de la Xunta para la construcción de un corredor entre la zona de Nadela -municipio de Lugo- y Sarria.
El grueso de las fincas se sitúa en O Páramo y en Láncara. El abogado de la acusación, en este caso de dos familias supuestamente estafadas, Juan Carlos López, ya anticipaba el "acuerdo", justificando que se había llegado a él "porque concurre un atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, porque es un asunto que arranca en el 2007 y estamos en el 2019". Por ello, se rebajaría un grado en cuanto las acusaciones, tal y como ha explicado.
Otro atenuante es la reparación del daño, y "entonces eso supone la rebaja de otro grado más", con lo que la pena se ha reducido a dos años de prisión para cada uno de ellos, con la "reparación" del daño -sobre 45.000 euros-, y las "costas de la acusación particular".
López ha precisado que "se trata de una estafa de libro", recordando que "la instrucción fue bastante complicada porque era mucha gente y la mecánica de la estafa, con un testaferro por el medio, fue bastante complicada, pero eso no obvia que doce años de instrucción es bastante tiempo". En cuanto a las dilaciones indebidas, ha reconocido que "les afecta como acusación". "La justicia lenta no es justicia", ha sentenciado finalmente.
