El juzgado de primera Instancia e Instrucción de Sarria decretó la apertura de juicio oral contra la exconcejala de Láncara Begoña López y su padre por presunta falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa. El fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de dos años y seis meses de prisión, mientras que el constructor que los denunció pide una condena de cuatro años de cárcel.
El caso estalló a principios del pasado año, cuando salió a la luz la pérdida de la tarjeta sim de un teléfono móvil del Concello que custodiaba la entonces edila y que supuestamente fue empleado para suplantar a un banco.
Un constructor denunció que recibió llamadas y mensajes de alguien que se hacía pasar por la directora de una entidad bancaria de A Pobra de San Xiao para intentar justificar el retraso en el pago de una factura por unos trabajos realizados en la vivienda de los padres de la exconcejala, para lo que presuntamente se empleaba el teléfono del Ayuntamiento que tenía Begoña López, quien dijo haber extraviado la tarjeta sim.
A raíz de esta denuncia se abrió una investigación contra la exedila por supuesta estafa, falsedad en documento mercantil y usurpación de identidad, hechos que ella siempre negó. Tras estas acusaciones, en febrero del pasado año dimitió como concejala para "demostrar" su inocencia.
Según recoge un auto del juzgado, el ministerio público presentó escrito de acusación contra padre e hija por un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con otro continuado de estafa, pero no hace referencia a la supuesta usurpación de identidad.
El fiscal solicita para cada uno de los acusados una pena de dos años y medio de prisión, así como una multa de diez meses, a razón de una cuota diaria de ocho euros. También demanda en concepto de responsabilidad civil que ambos, de forma conjunta, indemnicen al constructor en la cantidad de 46.338 euros por los perjuicios ocasionados, más los intereses.
El Ayuntamiento lancarés también está personado en la causa y pide la misma pena que el ministerio público, así como la indemnización para el empresario.
Constructor
Por su parte, el constructor solicita que sean condenados por un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con otro de estafa agravada. Por ello, demanda para cada uno de ellos una pena de cárcel de cuatro años y una multa de diez meses a razón de una cuota diaria de 20 euros.
Además, pide que le indemnicen con 61.575 euros por cuantías adeudadas, más los intereses, así como con 3.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.
La causa es enviada al juzgado de lo Penal de Lugo para la celebración de la vista oral, tal y como apunta el auto del tribunal sarriano. Por ahora no hay fecha para el juicio. En el escrito también se requiere a los acusados para que presten una fianza de 64.575 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles . En el caso de no hacerlo, añade, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha cuantía.
"Farsa"
Este periódico trató de ponerse este lunes en contacto con Begoña López, pero no fue posible hablar con ella. Sin embargo, la exconcejala hizo referencia en los últimos días en sus redes sociales a la causa, en las que señaló que está convencida de que pronto podrán demostrar que se trata "dunha farsa máis".
Además, apuntó que el fiscal no formula acusación por el caso del teléfono, por lo que, dijo, "a día de hoxe non teño nada que me impute un delito de usurpación de identidade polo suposto mal uso do móbil do Concello".
También se mostró sorprendida de que el Ayuntamiento presente acusación contra ellos a pesar de que el ministerio público no pida pena por el uso del teléfono de la administración local y se preguntó por qué.
El caso del móvil generó una gran polémica en su momento y conllevó la celebración de un pleno extraordinario en el Concello, en el que se acordó crear una comisión de investigación sobre el extravío de la tarjeta sim. Las polémicas no terminaron ahí, pues la exconcejala acabó denunciando poco después al alcalde, Darío Piñeiro, por supuestas amenazas, asunto que el juzgado archivó.
