El ministerio fiscal solicita una pena de seis años de prisión para un administrativo de una empresa de muebles del municipio de Sarria por supuestamente emitir cheques y pagarés falsificando la firma de la administradora de la compañía y obtener de esta forma un beneficio de 139.818 euros. El hombre está acusado de sendos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, por los que será juzgado el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Lugo.
El denunciado, quien responde a las iniciales J.M.F.N. y no cuenta con antecedentes penales, desempeñó entre 1994 y octubre de 1998 labores de administrativo en una mueblería que tiene domicilio social en Sarria.
Según recoge el escrito del ministerio público, el hombre, "aprovechando tal circunstancia y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", presuntamente emitió un total de "125 cheques y pagarés" a nombre de la empresa, imitando la firma de su administradora, para entregarlos a la entidad pagadora de los mismos e ingresarlos en cuentas corrientes en las que figuraban como titulares el propio acusado o familiares directos de él.
El ministerio público solicita que se le impongan seis años de prisión y 12 meses de multa a razón de 10 euros por día
Todas estas cuentas eran de cuatro bancos diferentes. El fiscal indica que cuatro de ellas se encontraban a nombre de J.M.F.N., su hija y de la que en el momento de los hechos era esposa del acusado. En una quinta figuraba únicamente como titular la hija del hombre, mientras que una sexta estaba al nombre de J.M.F.N., señala el ministerio público en el escrito.
En las cuentas habría ingresado, según el informe pericial, un total de 23.263.861 de las antiguas pesetas, equivalentes a 139.818,62 euros.
INDEMNIZACIÓN. Por estos hechos, instruidos por el juzgado de primera instancia de Sarria, el hombre está acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial, así como de otro continuado de estafa.
El fiscal le aplica el atenuante de dilaciones indebidas. Por ello, el ministerio público solicita que se le impongan seis años de prisión y 12 meses de multa a razón de 10 euros por día, además del abono de las costas procesales. También pide que el acusado indemnice a la empresa en la que trabajaba con los 139.818,62 euros que supuestamente le estafó, además de los correspondientes intereses.
