Unos vecinos de la parroquia de Vilar de Sarria denunciaron al Ayuntamiento sarriano por ordenar demoler un cierre por carecer de licencia y reclamaron que se suspenda esta actuación.
Los dueños del muro solicitaron que se depuren las responsabilidades y que recaigan sobre quienes "hayan incurrido, a sabiendas, en ignorar la objetividad de los hechos, hayan obstaculizado en cualquier forma el derecho de defensa o lleven adelante actuaciones atentatorias contra el derecho de propiedad".
Sostienen que el muro fue construido por el Concello después de que hicieran una cesión "libre, voluntaria y gratuita" de una franja de terreno para ampliar un camino público, denominado como Barreiros, y construir una cuneta. Aseguraron que reiteradamente le comunicaron al Ayuntamiento que la obra había sido ejecutada por este y no por ellos, quienes solo costearon el material para el cierre.
Para confirmar esto reclamaron que se tome declaración al exalcalde Claudio Garrido y al exconcejal Xermán Arias por estar en aquel momento en el gobierno y haber gestionado la cesión de los terrenos. También pidieron que declare la alcaldesa, Pilar López; su antecesor, José Antonio García, y el actual y el anterior secretario municipal, así como concejales que tuvieron participación en el expediente. Además, pidieron que se incorpore al expediente la factura de las obras del cierre.
Los denunciantes ya habían registrado un escrito en el consistorio el 25 de enero instando a abrir un expediente informativo aclaratorio sobre las obras y a tomar testimonio a varias personas. Por su parte, la pasada semana presentaron una declaración de Claudio Garrido en la que confirma que las obras las ejecutó el Concello.
Consideran que las resoluciones administrativas para tirar el muro se basan "en el falso supuesto de que las obras las realizaron los propietarios de la finca" y denunciaron que no se admitieron pruebas "mostrando una voluntad obstaculizadora, hurtando toda posibilidad de defensa y esa indefensión desemboca desde la primera resolución en la arbitrariedad".
La polémica por el cierre se remonta a hace años, después de que un vecino denunciara que el muro ocupaba parte del camino público y que se tapara una gavia. En este tiempo hubo varias denuncias administrativas y judiciales. Tras este proceso, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo autorizó al Concello a entrar en la finca y ejecutar el derribo, para lo que tiene un plazo de dos meses, improrrogable, y que finaliza el 2 de marzo.
