La Audiencia Provincial de Lugo acogerá la próxima semana un juicio contra un repartidor de comida a domicilio, natural de Cuba, que fue sorprendido con cocaína y atacó a varios agentes de la Policía Nacional. El hombre, que afronta siete años de prisión, se sentará en el banquillo de los acusados junto al joven que le vendió la droga, natural de la República Dominicana, para quien la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel.
El ministerio público explica en su escrito que los acusados se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en Lugo. La Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hechos y montó un dispositivo de vigilancia, por lo que el 6 de mayo, sobre las seis de la tarde, los agentes acudieron a un bar de la zona de A Milagrosa y observaron que uno de los acusados le entregaba al otro –que trabajaba en el establecimiento como repartidor de comida a domicilio– un envoltorio recubierto con cinta marrón de embalaje, a cambio de 3.000 euros. El paquete contenía alrededor de 400 gramos de cocaína, una droga que alcanzaría en el mercado ilícito un precio de 27.961 euros.
En el transcurso de la intervención policial, el acusado que trabajaba como repartidor en el bar se aproximó a los agentes y comenzó a propinarles patadas y puñetazos. Además, empujó a dos policías y los lanzó contra una puerta de cristal, que se fracturó a consecuencia del impacto.
El hombre atacó sin tregua a los agentes hasta que lograron reducirlo y procedieron a su arresto. A raíz de la agresión, cuatro policías resultaron heridos, ya que sufrieron varias contusiones y cortes, por lo que tuvieron que recibir asistencia sanitaria.
El presunto agresor fue acusado de un delito contra la salud pública y otro de atentado, por los que el ministerio fiscal solicita una condena de siete años de prisión (cuatro años y medio por el primer delito y dos años y medio por el otro). Para el otro acusado, la acusación pública pide cuatro años y medio de cárcel por tráfico de drogas. La Fiscalía solicita igualmente que, una vez condenados, se les sustituyan las penas privativas de libertad por la expulsión del territorio nacional durante diez años.
