El inicio de las obras de ampliación de los carriles de uno de los dos tramos que queda por desdoblar en la Avenida Infanta Elena tendrá que esperar al menos hasta el próximo verano, ya que será necesario volver a sacar a concurso las obras tras la renuncia de la empresa adjudicataria debido a los retrasos por parte del Concello en la entrega de los terrenos donde se actuará.
La junta de gobierno de la Diputación, que es quien financia estos trabajos, aprobó este viernes la resolución del contrato con la firma Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales (Opain), a la que acusa de incumplir "deberes contractuais esenciais". También se acordó la incautación de la garantía definitiva por importe de 42.594 euros.
El acuerdo de resolución del contrato de las obras se produce después de que la junta de gobierno de la Diputación acordara el pasado 6 de noviembre iniciar el inicio de este procedimiento. El contratista presentó alegaciones, que fueron desestimadas. Ahora, se dará traslado de la propuesta de resolución al Consello Consultivo de Galicia para la emisión de su preceptivo informe.
La Diputación recuerda que también había rechazado la solicitud de resolución del contrato imputable a la administración provincial que presentó la empresa el pasado mes de noviembre.
Así las cosas, desde el ente provincial confirman que se procederá a licitar esta obra, que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, en cuanto se concluya la resolución del actual contrato. Una vez se inicie la licitación, se tardarán al menos cuatro meses en adjudicar de nuevo las obras, que es el tiempo medio que tarda la Diputación en resolver este tipo de concursos.
El proyecto de desdoblamiento y humanización de la Avenida Infanta Elena es fruto de un convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo, en base al cual el ente provincial se ocupa de la contratación y de la ejecución de las obras, mientras que el Concello es el encargado de poner a disposición los terrenos donde se actuará.
RETRASOS. El convenio data del año 2016, pero acumula retrasos por los obstáculos surgidos a la hora de dar con los propietarios de las fincas que se deben expropiar u ocupar durante los trabajos.
Estas dilaciones fueron la causa de la renuncia del actual contratista, aunque desde la Diputación se garantiza que se mantienen las partidas presupuestarias asignadas a la ejecución de las obras. De hecho, se aclara que el pleno provincial aprobó en pleno una adenda a este convenio que amplía su plazo de vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
