Los okupas le están dando una tregua en las últimas semanas a los vecinos y comerciantes de Camiño Real. Este es el epicentro del allanamiento de viviendas en el barrio de A Milagrosa, en el tramo de los números pares comprendido entre las calles Xulia Minguillón y Divina Pastora.
Los afectados, que atribuyen ese alto en las hostilidades a la presión social, perciben menos tránsito de personas en los inmuebles ocupados y, sobre todo, menos actividad molesta.
Aún así el pasado domingo al mediodía tuvieron que intervenir dos dotaciones policiales, a requerimiento de los vecinos, tras oír fuertes golpes y llantos en un piso allanado. El personal de una ambulancia del 061 evacuó al hospital a uno de los okupas debido a que, al parecer, sufría una crisis nerviosa. A última hora de la tarde ya recibió el alta.
Los inmuebles número 104 y 126 de Camiño Real siguen ocupados, sin embargo en el 118, del que saltó o fue arrojada la perra Catalina -tiene abierta una investigación la magistrada Pilar de Lara-, solo se ve ocasionalmente a los inquilinos.
"Molestar, no molestan tanto y se ve entrar a menos gente. No es como antes que hacían ruido con frecuencia de madrugada", afirma una de las vecinas.
"El dueño cuando entre va a tener la reforma hecha porque antes se oían golpes en el piso y como si se cayesen las paredes", ironizaba otra afectada, que aprecia ahora que "hay menos actividad".
Aunque ya no hacen tanto ruido y ha disminuido su número, los okupas todavía mantienen ciertos hábitos. Continúan con los suministros de agua y electricidad enganchados a la red general, con el consiguiente riesgo que entrañan.
Las filtraciones de agua son las que están haciendo por ahora más daño a los propietarios de inmuebles ocupados. Es el caso del bajo que albergó un locutorio y tienda, que acabó cambiando de ubicación por el incordio de los okupas. Su falso techo se ha venido abajo, como ya había sucedido en otro local próximo, como consecuencia de esas fugas.
MEDIDAS. Atrás quedan las medidas que tuvieron que adoptar los propietarios para hacer frente a esta situación. Una vecina optó por instalar una cámara de videovigilancia porque saltaban a su azotea, cuando no se encontraba en casa, desde una de las viviendas ocupadas.
El dueño de un inmueble allanado recurrió a un detective privado para probar ante el juzgado que tenía inquilinos no deseados. Ahora está a la espera del juicio que se celebrará en un par de meses contra una pareja acusada de un delito de usurpación.
Además, hubo residentes en Camiño Real, según cuentan, que llegaron a recibir amenazas de muerte por parte de alguno de los okupas.
