Un matrimonio lucense afronta 11 años de prisión por estafar 479.000 euros

El fiscal acusa al matrimonio de crear y disolver sociedades para intentar eludir el pago de cuantiosas obligaciones pendientes con la Seguridad Social
Imagen de archivo de la Audiencia Provincial Lugo. PEPE TEJERO
photo_camera Imagen de archivo de la Audiencia Provincial Lugo. PEPE TEJERO

Un matrimonio lucense se sentará el próximo miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo porque presuntamente defraudó 479.479 euros a la Seguridad Social entre los años 2013 y 2016 con sus sociedades dedicadas a peluquería y estética.

El fiscal solicita para cada uno de los acusados cuatro años de prisión por un delito contra la Seguridad Social, una multa de 961.358 euros —a sustituir por diez meses de prisión en caso de impago— y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales de este organismo durante un periodo de seis años.

Además, el ministerio público le atribuye a la acusada un delito de frustración a la ejecución, por el que solicita una pena de tres años de prisión y una multa de 3.600 euros.

El fiscal solo reclama las deudas contraídas durante cuatro ejercicios, pero considera que esas prácticas presuntamente ilegales las llevaba a cabo esta conocida pareja desde hacía años.

El modus operandi de la pareja, según detalla el ministerio público, consistía en que cuando una de sus sociedades acumulaba deudas con la Seguridad Social lo que hacía para presuntamente no abonarlas, ya que carecía de patrimonio propio, era crear otra empresa y así sucesivamente.

Esas sociedades tenían idéntica actividad, peluquería y estética; muchos de sus trabajadores pasaban de una empresa a otra y la nueva que creaban tenía el mismo domicilio e incluso hacía uso de los mismos medios e instalaciones que su predecesora.

ALZAMIENTO. En julio de 2015 la Seguridad Social destapaba este presunto fraude. A raíz del procedimiento abierto la acusada vendió un piso, un garaje y un trastero, según el fiscal, "con la clara intención de alzar dichos bienes antes de que se produjese la derivación de responsabilidad hacia ella".

Por esta venta el ministerio público le imputa a mayores a la acusada un delito de frustración a la ejecución, por el que solicita que le impongan una condena de tres años de prisión.

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