La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial no ha tenido dudas: los siete magistrados que la integran han decidido por unanimidad que la jueza Pilar de Lara merece ser sancionada por la manera en que lleva su juzgado e instruye las causas. La sanción impuesta, además, es la más alta de las que se proponían: siete meses y un día de suspensión de funciones, una sanción que lleva aparejada la pérdida de destino. Esto significa que, si el castigo llega a ser firme, sería obligada a abandonar Lugo.
El órgano de gobierno de los jueces decidió abrir expediente a Pilar de Lara tras recibir varias quejas de letrados por los retrasos constantes en la tramitación de los escritos, alguno de ellos de más de un año. A estas críticas se sumaron los resultados de la inspección que el propio CGPJ realizó en el juzgado de instrucción 1, que se encontraba cercano al bloqueo total a causa de la carga de trabajo derivada de la investigación de los grandes macrosumarios como Carioca, Cóndor, Pulpo o Pokemon.
El resultado de investigación interna determinó que en buena medida ese colapso y los retrasos constantes en la tramitación de los casos estaba causado por la peculiar manera de instruir que tenía la propia magistrada, que tendía a acumular actuaciones y abrir frentes nuevos en lugar de acotar cada investigación e inhibirse en favor de otros juzgados pese a que muchos de los asuntos superaban de manera evidente su competencia territorial. Eso, concluyeron los inspectores, generaba artificialmente carga de trabajo, que a su vez afectaba a todo el juzgado.
FALTA DE RECURSOS. Una vez iniciado el expediente por parte de Promotor de la Acción Disciplinaria, Pilar de Lara argumentó, con voluminosa aportación documental, que la mayor parte de esos retrasos o eran responsabilidad de sus funcionarios o se debían a la falta de medios que sufría desde hacía años. Estos argumentos pudieron librarla de una sanción aún mayor -en un principio se enfrentaba incluso a la posibilidad de ser apartada de la carrera judicial-, pero no eximirla totalmente: el Promotor propuso finalmente a la Comisión Disciplinaria una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones, mientras que la Fiscalía reducía su petición a tres meses.
La Comisión -la misma que no encontró motivo para sancionar a la jueza de Vigilancia Penitenciaria por cobrar por echar las cartas del tarot- ha decidido por unanimidad aceptar la propuesta más gravosa, al apreciar una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias.
PÉRDIDA DE DESTINO. Los cuatro meses que mediaban entre una propuesta y la otra pueden parecer poca cosa, pero en ese caso lo son todo: cuando la pena impuesta pasa de los seis meses, la Ley Orgánica del Poder Judicial marca que lleve aparejada la pérdida de destino. La sanción aún no es firme, ya que Pilar de Lara puede recurrirla en alzada ante el Pleno del CGPJ, para que sea votada por los 21 vocales que la componen. Tiene para ello un mes de plazo.
Si el Pleno decide confirmar la sanción en toda su extensión, la magistrada aún tendría la opción de acudir a la vía jurisdiccional, presentando recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Sin embargo, la sanción podría ejecutarse antes, justo desde el momento en que fuera aprobada por el Pleno del CGPJ, ya que eso agota la vía administrativa. De Lara, en ese caso, solo tendría una opción para evitar ser "desterrada" de Lugo: solicitar al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la ejecución de la pena mientras se pronuncia sobre el asunto. Si sucediera todo esto, podríamos estar hablando aún de más de un año de proceso judicial.
AÚN PEOR. Pero, con ser duro el castigo de siete meses sin empleo y sueldo y la pérdida de destino, es posible que ni esas sean las peores consecuencias de la pena impuesta si llega a confirmarse. Lo que lleva aparejado para su carrera puede ser demoledor.
Según explicaron a El Progreso fuentes del CGPJ, si Pilar de Lara quiere luego continuar su carrera judicial tendría que solicitar su reingreso en la misma tras cumplir el periodo de sanción. En ese momento estaría obligada a presentarse al primer concurso de traslados convocado por el CGPJ. En estos concursos salen las plazas vacantes de juzgados de toda España y de todas las jurisdicciones a las que pueden aspirar todos los jueces y magistrados.
La peculiaridad es que Pilar de Lara tendría por delante en preferencia a cualquiera que presentase a cualquiera de las plazas vacantes, así que ella solo podría elegir entre aquellos juzgados a los que no aspire nadie. Estos son, evidentemente, los menos apetecibles bien por su complejidad o bien por estar situados en lugares profesionalmente poco atractivos. A la hora de presentar méritos, perdería además siete meses de profesión con respecto a los de su misma promoción, que tendrían ventaja si compiten con ella.
"NO ES NORMAL". El descrito sería un tremendo final a la carrera de esta magistrada en Lugo, pero ese final está por escribir. De momento, su abogado Agustín Azparren, ya ha confirmado que recurrirán la sanción en cuanto les sea comunicada oficialmente y en los mismos términos que han defendido hasta ahora: "No hay retraso injustificado ni desatención". Además, Azparren cuestionó en declaraciones a Europa Press la intensidad de la sanción: "No es normal, sanciones en este tipo de faltas son muy pocas. Es excepcional", manifestó.
El abogado también avisó del "grave perjuicio para el juzgado" que lleva desde hace más de una década Pilar de Lara. "No quiero imaginarlo para el juez al que le toca, empezar a leer instrucciones con más de 130.000 folios, el caos que se puede organizar", señaló. En ese sentido, aventuró que "el efecto que puede producirse es el archivo consecutivo de los asuntos que lleva De Lara, lo que va en perjuicio de las instrucciones porque quien conoce de verdad los procedimientos es ella".
