Los lucenses son los gallegos que menos litigan en el juzgado, aunque el número de asuntos aumentó el pasado año con respecto a los tres ejercicios anteriores. Según los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la provincia de Lugo, la tasa de litigiosidad -que relaciona la actividad judicial con la densidad de población de un territorio determinado- se situó en 2019 en 107 casos por cada mil habitantes.
La misma fuente revela que los gallegos que más litigan en los tribunales son los ciudadanos de Pontevedra, con 124 asuntos por cada millar de habitantes; seguidos de los ourensanos, con una tasa de 110 casos por cada mil habitantes, y de los residentes de A Coruña, con 108 asuntos por cada mil vecinos. Pero en las tres provincias, al igual que en Lugo, la tasa de litigiosidad está por debajo de la media nacional, que se sitúa en 133 asuntos por cada millar de personas.
Las estadísticas revelan igualmente que -aunque está a la cola de la comunidad gallega y por debajo de la media del país- la tasa de litigiosidad en la provincia de Lugo aumentó el pasado año, alcanzando la cifra más alta de los últimos cuatro ejercicios. Así, en 2018 se contabilizaron 96 casos por cada mil habitantes, en 2017 se registraron 101 asuntos, y en 2016 ingresaron en los juzgados de Lugo 106 casos por cada millar de ciudadanos.
Aun así, aunque los casos aumentaron en 2019, las cifras del pasado año no llegan a alcanzar los porcentajes registrados hace una década. Si se retrocede un poco más en el tiempo, se observa que en 2014, por ejemplo, litigaron 141 lucenses de cada mil, y en 2009, por citar otro año, se registraron 135 supuestos por cada millar de personas.
JURISDICCIONES. Los lucenses acuden al juzgado para resolver problemas tan dispares como reclamarle un cobro abusivo a un banco, resolver un divorcio, discutir unos lindes, denunciar a una administración por el mal estado de una carretera, o pedirle cuentas a un tironero por el robo de un bolso. Dependiendo del asunto del que se trate, el caso se resuelve en una u otra jurisdicción -civil, penal, contenciosa o social- y cada una de ellas tiene un volumen de litigiosidad distinto.
Tal y como revelan las estadísticas del CGPJ, en la provincia de Lugo, la tasa más alta el pasado año se registró en la jurisdicción civil -con 48,7 casos por cada mil habitantes-, en la que se dirimen reclamaciones de cantidad y deudas, desahucios y alquileres, pleitos sobre propiedad, accidentes de tráfico, asuntos de comunidades de vecinos, vicios en la construcción, procedimientos matrimoniales, contratos, o herencias, entre otros temas.
El mayor porcentaje ingresa en la jurisdicción civil, seguida de la penal. A gran distancia se sitúan la social y la contenciosa
Le sigue muy de cerca la tasa de litigiosidad del orden penal, donde se resuelven todos los hechos delictivos, desde robos, hurtos, peleas, o tráfico de drogas, hasta estafas, agresiones sexuales o malos tratos en el ámbito doméstico. En esta jurisdicción, la tasa en la provincia de Lugo fue de 46,1 casos por cada mil ciudadanos.
En las otras dos jurisdicciones, el volumen de litigiosidad ya desciende de forma considerable. Y es que tal y como revelan las estadísticas oficiales, en el orden social, donde se analizan las denuncias de los trabajadores a los empresarios (como despidos, reclamaciones de salarios, o vacaciones, entre otras), así como las reclamaciones efectuadas frente a la Seguridad Social o al Estado (referentes a incapacidades, jubilaciones o pensiones), la tasa se sitúa en 9,6 casos por cada mil habitantes. Y desciende todavía más en el orden contencioso, con 2,7 asuntos por cada mil habitantes. En esta última jurisdicción se resuelven las reclamaciones efectuadas por los ciudadanos o entidades frente a la administración del Estado, de las comunidades Autónomas, de los ayuntamientos y de los demás organismos públicos.
El aumento de la tasa de litigiosidad el pasado año en los juzgados de la provincia de Lugo afectó a todas las jurisdicciones de forma proporcional. Así, el orden civil pasó de 41,8 casos por cada mil habitantes en 2018 a 48,7 el pasado año, el orden penal subió de 43,5 a 46,1 casos, la jurisdicción social ascendió de 9,4 a 9,6 y, finalmente, el orden contencioso pasó de 2,0 a 2,7 asuntos por cada millar de habitantes.
El CGPJ teme que la pandemia cambie el escenario actual y colapse el sistema
La pandemia del virus Covid-19 colapsará el sistema judicial y cambiará el escenario actual, por lo que el balance de las tasas de litigiosidad del presente ejercicio será muy diferente al que se registró en 2019. Al menos ese es el panorama que teme el Consejo General del Poder Judicial, que prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las administraciones cuando concluya el estado de alarma.
Los jueces esperan una avalancha en todas las jurisdicciones, desde asuntos laborales, hasta demandas penales de las familias de los fallecidos
Además, auguran un aluvión de asuntos derivados de las medidas adoptadas a consecuencia de la pandemia, como despidos, Ere, Erte, procedimientos de Seguridad Social, concursos, impagos, desahucios y sanciones impuestas por el confinamiento. Y en el orden penal, el órgano de gobierno de los jueces también prevé un elevado número de demandas, fundamentalmente entre los familiares de los fallecidos, y especialmente entre los allegados de las personas que murieron en residencias de mayores. Con estas previsiones —y el retraso que supuso el parón obligado por el estado de alarma—, la Justicia se prepara para una avalancha de litigios en todas las jurisdicciones y el Consejo General del Poder Judicial presentó al Gobierno un centenar de medidas organizativas y procesales para frenar el colapso, que si embargo no convencieron a la abogacía, "ya que no se ajustan a la realidad actual y suponen una merma de los derechos y garantías procesales de los ciudadanos", dicen.
MEDIDAS. Finalmente, el Ministerio de Justicia aprobó el pasado 28 de abril un decreto-ley de "medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia», con el que se prevé dar respuesta a la avalancha de asuntos. Entre las medidas más destacadas figura declarar hábil «para todas las actuaciones judiciales" el periodo comprendido entre el 11 y 31 de agosto, la ampliación de plazos, los juicios telemáticos y la prioridad en la tramitación de los Erte, entre otras.
