La condena a cinco años de prisión a Francisco Fernández Liñares por sus prácticas corruptas al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no es sino una estación más en el largo calvario judicial que comenzó con su detención en septiembre de 2012, y que con toda seguridad se alargará varios años más. El exconcejal socialista de Lugo tiene pendientes tres causas más derivadas de la operación Pokemon, dos de las cuales todavía siguen en fase de instrucción. Dada su complejidad, alguna de ellas bien podría tardar un par de años en llegar a juicio oral
. Y es que la pieza por la que acaba de ser condenado es la número tres de las formadas a raíz de la división de la operación Pokemon en una treintena de asuntos. La número uno, la original, es la que deriva de la operación Carioca y está formada solamente por las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de grúa del Concello de Lugo.
Pese a que sigue en el juzgado de instrucción 1, donde la inició Pilar de Lara, la investigación está finalizada y pendiente de su conversión en procedimiento abreviado. A partir de ahí se presentarán los escritos de acusación y defensa y se podrá fijar juicio oral.
Lo previsible es que en esta causa acompañen a Liñares en el banquillo otros cuantos procesados, entre ellos Manuel Santiso (ya condenado tras declarar en contra del exconcejal y reconocerse culpable en la pieza recién juzgada), Javier Reguera y los creadores de la empresa que se hizo con la concesión, así como algunos empresarios y funcionarios del Concello. De este asunto fue absuelto por la Audiencia el exalcalde José López Orozco al considerar que no había pruebas en su contra.
Si el Supremo no anula toda la instrucción, Liñares será juzgado por los contratos de la grúa y la Ora y por blanqueo de capitales
En la que todavía sigue imputado Orozco es en la pieza siguiente, la relacionada con la empresa Vendex y la adjudicación del servicio de la Ora. En ella también repetirán algunos de los imputados en la anterior, a los que se sumarán otros. Esta causa es especialmente compleja porque está compuesta por un centenar largo de tomos derivados de las actuaciones de Vendex, el grupo empresarial con concesiones públicas por todo el país.
Además, sobre Liñares y su socio Miguel García-Gesto pesa otra petición en firme de cinco años de prisión por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Esta pieza ya está finalizada y en la Audiencia, pero esta decidió que debía ser juzgada junto a la principal, de la que fue separada por los problemas personales que hubo entre García-Gesto y Pilar de Lara, lo que obligó a que otro juez se hiciera cargo de la instrucción. La acusación en este caso se vería refrendada si el Supremo confirma la condena a cinco años que se le acaba de imponer por cohecho y prevaricación: si se considera demostrado que cobró miles de euros por las adjudicaciones, de algún modo debía blanquearlos.
Puestos en estas circunstancias, si el Supremo rechaza su recurso (suele tardar en torno a un año en emitir sentencia) es muy posible que Liñares tuviera que enfrentar estos juicios estando ya en prisión. Con una condena de cinco años, a la que habría que restar los tres meses que ya estuvo encarcelado, cumpliría al menos dos tercios antes de poder obtener la libertad condicional, y no se podría beneficiar de permisos hasta cumplido al menos un cuarto, lo que significa un mínimo de un año y dos meses. Si durante este cumplimiento fuera sumando condenas, su estancia en prisión se podría alargar muchos años.
Todo ello, claro, si el Supremo no acepta el recurso de Liñares contra su reciente condena y declara todo el procedimiento nulo, lo que afectaría también a las causas pendientes, podría acelerar radicalmente el viacrucis y cambiar la crucifixión final por la absolución, con la Justicia lavándose las manos.
