Los jueces y los fiscales se hartan de la situación de la administración

Por primera vez en España, todas las asociaciones de este ámbito se unen en demanda de cambios drásticos

Sandra Piñeiro. XESÚS PONTE
photo_camera Sandra Piñeiro. XESÚS PONTE

Es difícil encontrar dos colectivos menos dados a la protesta y la algarada que jueces y fiscales. Que todos ellos, además, se unan en la defensa de unas reivindicaciones comunes independientemente de siglas e ideologías sería algo inimaginable si no fuera porque está pasando. Llevan varias semanas de movilizaciones y el próximo martes están llamados a la huelga.

No se trata solo de reivindicaciones profesionales y salariales, que también, sino de conseguir que se den los primeros pasos para que se afronte la reforma integral de la administración de Justicia que España lleva 40 años aplazando. Un tiempo de promesas incumplidas que ha ido creando en estos colectivos una sensación que solo se puede definir como hartazgo, agudizado con las últimas reformas legislativas. Hay mucho en juego, para ellos pero sobre todo para los ciudadanos: la independencia del Poder Judicial.

Sandra Piñeiro. Magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Lugo.
"La respuesta es contundente por una situación muy preocupante"

Sandra Piñeiro es portavoz de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones convocantes de la huelga. Aunque en este caso da lo mismo, porque son todas y cuentan con el apoyo casi unánime de la carrera judicial, que en su mayor parte no pertenece a ninguna asociación. "Supone un hito que todas las asociaciones vayan de la mano", indica, "porque no se puede decir que seamos ideológicamente muy afines. Una respuesta tan contundente de toda la carrera judicial significa que hay una situación muy preocupante, una sensación de hastío". 

Los puntos de sus reivindicaciones incluyen medidas comunes a jueces y fiscales, como la dotación de medios, y específicas de cada colectivo, algunas de tal calado que supondrían de facto un cambio radical en la administración de Justicia. Y es que no ocultan que "lo ideal sería un pacto nacional por la Justicia, con vocación de inversión continuada y seria que garantice que la administración de Justicia sea un servicio público que dé una respuesta de calidad". 

Las medidas que proponen pueden ser un un primer paso.

Independencia judicial
"Es uno de los puntos que más afecta a la ciudadanía, que no pueda haber incidencia de otras cuestiones ajenas a lo que es objeto de la resolución judicial. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las reformas de 2012 y 2013 lo han dejado con un funcionamiento eminentemente presidencialista y cada vez estamos perdiendo más credibilidad frente a la opinión pública. Es un poco contradictorio porque es el órgano de gobierno diseñado para proteger la independencia judicial y para evitar las injerencias de otros poderes, los mismos que tenemos que controlar. Eso se ha agudizado".

"Pedimos que los vocales del CGPJ de extracción judicial sean elegidos por jueces y respetando los principios de igualdad de género, de minorías, méritos... Que vuelva a funcionar colegiadamente y se recupere la dedicación exclusiva de los vocales. También reclamamos que los nombramientos en los tribunales superiores se hagan por mayorías cualificadas, para evitar que respondan solo a las mayorías políticas puntuales en los momentos de la renovación. Y sobre todo que respondan a principios de méritos y de capacidad, que se haga con transparencia, y se motiven esos nombramientos. Son las máximas instancias judiciales, esos puestos los deben ocupar las personas mejor preparadas porque es donde se fija la jurisprudencia". 

Modernización
"Reclamamos que se creen 300 plazas de jueces al año solo para alcanzar la media europea. Hay un gran aumento de la litigiosidad y todos los asuntos de la sociedad están judicializados. Al mismo tiempo, teníamos una media de jueces por debajo de la europea, y en los últimos años no se han creado juzgados suficientes". 

"Necesitamos que se implante el expediente digital, pero de verdad, no esto que nos están metiendo de mala manera. Solo cargar los documentos en el ordenador ya tarda una eternidad. Muchas veces nos encontramos con documentos ilegibles. Y es posible, ese tipo de expediente ya funciona en la Agencia Tributaria. Es la misma administración pero la diferencia es abismal". 

"Se necesitan medios para garantizar los derechos de los ciudadanos. Las últimas reformas legislativas, como la del estatuto de la víctima, incluyen la previsión de que esas reformas no acarrean ninguna inversión. ¿Cómo vamos a garantizar los derechos a víctima que le han dado en una norma de rango legal si no me dota de los medios materiales, no hay psicólogos, trabajadores sociales, forenses, intérpretes...? En un caso de pornografía infantil, por ejemplo, un informe pericial, que es básico para poder tomar decisiones, puede tardar dos años". 

"También denunciamos la precarización de las últimas promociones judiciales: en su periodo de prácticas, en lugar de estar formándose, son destinados a cubrir juzgados para evitar nombrar jueces sustitutos o de refuerzo. La formación hay que garantizarla a lo largo de la vida profesional, y ya no se nombran sustitutos, con lo que no podemos formarnos pese a que el derecho cambia continuamente a nivel nacional e internacional".

Mejora salarial y laboral 
"Pedíamos que se nos actualizase un 8%, como al resto del funcionariado. También recuperar las licencias y permisos que nos suprimieron: no eran un privilegio, sino que en su momento, como se podía actualizar el convenio, lo compensaron con días".

Álvaro García Ortiz. Fiscal de Medio Ambiente de Galicia
"Aquellos a los que nosotros debemos vigilar nos controlan"

Álvaro García Ortiz coincide con la jueza Sandra Piñeiro en el dignóstico de la situación: "Lo más significativo", considera este fiscal, "no es la huelga, sino que la mayoría de jueces y fiscales estén detrás de las asociaciones. El hartazgo es un sentimiento general. Llevamos muchos años escuchando hablar de la reforma de la Justicia, pero eso no se traduce en la realidad, en la dotación presupuestaria para dotar de medios, en instrumentos procesales ágiles... Hay una especie de ninguneo e intento de invasión del Ejecutivo y la administraciones de nuestras funciones. Es hora de que todos digamos basta ya". 

Además de compartir la mayor parte de las reivindicaciones planteadas por los jueces, sobre todo en lo que se refiere a dotación de medios y personas, los fiscales plantean otros cuatro puntos específicos.

Derogar los plazos máximos de instrucción
"Cuando se creó este sistema de plazos, la carrera fiscal lo avisó. Incluso hemos escuchado al ministro decir que era un mal artículo y hay iniciativas parlamentarias de todos los grupos de la oposición para su derogación. Lo que pasa es que hay un bloqueo legislativo por parte del Gobierno que lo impide. Nosotros no nos negamos a que la instrucción vaya más rápida, al contrario, ni a que haya plazos si son coherentes y no suponen que por el mero transcurso del tiempo haya algunos delitos que no sean perseguidos".

Implantación de la justicia digital
"Es una dejadez institucional por parte de quien debería dotarnos de esos medios. Al ciudadano debemos explicarle que esto es necesario para que la Justicia funcione, que si no tenemos unos medios materiales y una digitalización adecuada sus procedimientos no van a avanzar. El hecho de que la digitalización se esté haciendo mal significa que no podemos cumplir los plazos procesales, que no podemos controlar la instrucción desde las fiscalías... que no podemos hacer nuestro trabajo". 

"Lo sensato sería que unificaramos los sistemas, no podemos tener 17 sistemas de gestión diferentes y además gestionados por las comunidades autónomas. Debemos plantearnos si es necesario un sistema de comunicaciones único y propio para la Justicia que no dependa de los Ejecutivos autonómicos, que seamos auténticamente independientes, con autonomía presupuestaria para no ser influidos, observados o controlados por quienes nosotros debemos controlar".

Refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal
"La ciudadanía no va a poder confiar nunca en la Fiscalía si tiene el sesgo de su dependencia del Ejecutivo. No solo se trata del nombramiento del fiscal general, sino que hay dotar a la Fiscalía de medios propios para que no dependa de él. Nos sentimos controlados".

Atribución de la formación a la Fiscalía General del Estado
​"La formación la tenemos a través del Centro de Estudios Jurídicos, que es un organismo que depende directamente del ministerio. Vamos a hacer los cursos a nuestra escuela y en el staf directivo de este centro no hay ni un fiscal en plantilla".