1991 → Entra en vigor el nuevo PGOU
El Concello, con Vicente Quiroga al frente, en ese momento en el PP, aprueba el PGOU, que permite edificar en esa parcela de O Garañon, en plenas cuestas del Parque.
2005 → Aprobación del convenio urbanístico
El 7 de noviembre el gobierno de Orozco aprueba el Peri y el convenio que concretan cómo se construirá la edificabilidad que concede el PGOU. La opción elegida: concentrarla en torres de gran impacto visual, más interesantes económicamente para el constructor, y aumentar las zonas verdes.
2006 → La ley que lo hubiera evitado
El 1 de enero entraba en vigor una reforma de la Ley del suelo que hubiese permitido reducir la edificabilidad de la parcela. Un día antes el gobierno local aprobó el proyecto que garantizaba la edificabilidad al constructor, al que se reconoce derecho a ser indemnizado, incluso por el lucro cesante, si la licencia no se aprueba.
Las primeras actuaciones para construir las torres en 2007
2007 → Comienzan las obras y las protestas
El promotor empieza la explanación del solar y los vecinos, a quejarse.
Miembros de la Plataforma en Defensa del Parque se movilizan contra la obra
2009 → El proyecto de urbanización, anulado
El juzgado de lo contencioso anula el proyecto de urbanización a petición de la Asociación en Defensa del Parque Rosalía.
En 2009, cuando fueron paralizados, los trabajos llevaban buen ritmo
2010 → Paralización judicial de las obras
La jueza Pilar de Lara paraliza las obras al sospechar que había prevaricación urbanística.
El edificio fue víctima de incendios y una mujer falleció tras tirarse desde él al vacío
El recinto supone un problema de seguridad y es utilizado para hacer botellones
2011 → Anulada la licencia de construcción
El juzgado de lo contencioso anula la licencia para las torres al considerar que el Concello debería haber pedido un informe a Patrimonio de la Xunta y el TSXG lo ratifica.
La Policía Autonómica precintó la zona para evitar que se entre en ella, sin mucho éxito
2015 → Orozco y Besteiro, imputados
Pilar de Lara los acusa de tráfico de influencias, prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio. A Besteiro le añade cohecho.