Una vecina del barrio de A Milagrosa, de 76 años, tuvo que contener las lágrimas cuando entró con la comisión judicial en la vivienda que tenía alquilada y comprobó el estado en el que se la habían dejado los inquilinos que fueron desahuciados por impago. "El piso estaba destrozado y se llevaron la noche anterior un armario y una lavadora", relata la septuagenaria, que además cuenta que los arrendadores arrancaron la caldera de la calefacción, que era a gasóleo, y echaron mano de un termo eléctrico porque tenían "la luz enganchada a la red general".
Los vecinos del edificio tampoco fueron ajenos a las molestias provocadas por los desahuciados porque también causaron daños en el pasamanos y en un tabique. La pesadilla de esta lucense, que concluyó con el lanzamiento judicial que se produjo el pasado miércoles —aunque los inquilinos ya habían tomado las de Villadiego la noche anterior—, comenzó en noviembre de 2016.
Cuando les llegó la primera reclamación, los inquilinos le exigieron a la arrendataria 1.500 euros por abandonar el piso
La septuagenaria les alquiló el piso, sito en la Rúa Lamas de Prado de la capital lucense, a un matrimonio, junto a su hijo y a la esposa de este. La familia, de nacionalidad rumana, solo pagó la fianza y la primera mensualidad, 600 euros en total. Pero después ya comenzaron a darle largas a la arrendataria. No volvieron a abonar el alquiler, ni la luz, ni el agua.
Hace un año el abogado de la afectada les remitió un burofax reclamándoles que saldasen la deuda. Los inquilinos morosos no solo no pagaron, sino que además le exigieron a la septuagenaria 1.500 euros a cambio de abandonar el piso. Esta no accedió al chantaje.
El caso entró en el juzgado y los trámites fueron ágiles. En febrero de este año iban a ser desalojados los cuatro ciudadanos rumanos, pero el lanzamiento fue aplazado debido a la huelga que secundaba el personal de la administración de Justicia.
Desde febrero la compañía eléctrica cortaba cada semana la luz y los morosos la volvían a enganchar a la red general
Cuando se vieron con el agua al cuello los inquilinos, según cuenta la afectada, le pidieron 400 euros por marcharse para así poder "pagar el alquiler del siguiente piso".
Los morosos que chantajearon a esta septuagenaria, según asegura la afectada, son primos de otros inquilinos que residen en un piso de la Rúa Río Navia, a unos 150 metros de distancia, que le exigieron 5.000 euros a su dueño por abandonarlo, quien respondió que si no había aceptado la extorsión de Eta cuando vivió en el País Vasco, tampoco cedería en este caso.
AGUJERO ECONÓMICO. El letrado de la afectada cifra en "más de 10.000 euros" los gastos generados entre los impagos, los daños y los enseres sustraídos. De ese importe, 5.100 euros son por los 17 meses de alquiler que no abonaron; 915 por la luz adeudada —desde febrero personal de la compañía eléctrica tuvo que acudir cada semana a cortar el suministro porque los inquilinos la volvían a enganchar a la red general— y otros 276 por el agua.
