Cientos de empresarios y autónomos de Lugo están ultimando sus reclamaciones patrimoniales contra las administraciones central y autonómica por los daños económicos sufridos a causa de las restricciones impuestas al amparo del estado de alarma por el covid-19. Bufetes de Lugo y, sobre todo, grandes despachos de abogados nacionales están ya a pleno funcionamiento para reclamar las indemnizaciones, si bien la mayoría de los afectados están esperando a que los procedimientos estén más avanzados. Eso implica que, en pocos meses, los demandantes en Lugo podrían ser miles, ya que cualquiera que se haya visto obligado a cerrar su negocio o haya visto afectado su funcionamiento por las diversas medidas puede reclamar, sea del sector que sea.
Se trata de un negocio de miles de millones de euros que todavía está dando sus primeros pasos y que tardará varios años en ver su resolución definitiva, que con toda seguridad vendrá marcada por el criterio de la Justicia. En principio, todas las reclamaciones, que tienen que ser individualizadas, han de presentarse ante las administraciones correspondientes: contra el Estado mientras centralizó las decisiones y contra la Xunta una vez que esta asumió la responsabilidad de las medidas. La administración tiene seis meses para responder en sentido afirmativo o negativo. Una vez recibida la respuesta, o pasado ese tiempo sin ella, la reclamación ya puede presentarse ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Todos los abogados consultados por este diario dan por hecho que la inmensa mayoría de las reclamaciones patrimoniales van a ser rechazadas por las administraciones, que alegarán causas de fuerza mayor. Esta será la clave de todo y lo que tendrán que determinar los tribunales: si esa razón de causa mayor excluye las indemnizaciones o las administraciones tomaron decisiones inapropiadas que causaron un daño innecesario a los afectados.
La previsión de los expertos es que este asunto sea similar al de las preferentes: en un principio, cada juzgado de primera instancia tomará la decisión independiente y probablemente muchas sentencias sean contradictorias, por lo que habrá que esperar que los primeros casos lleguen a los tribunales superiores para que se establezca una doctrina común.
La previsión es que casi todas sean rechazadas y lleguen a los juzgados, por lo que pasarán años para ver la solución
También hay que tener en cuenta que cada sector económico tiene sus propias circunstancias y que no todos tienen por qué llegar al mismo final. Es muy probable que las primeras decisiones que se vayan conociendo tengan que ver con el sector de la hostelería, que, como a lo largo de toda la pandemia, esta siendo la punta de lanza de las protestas. Varias de las reclamaciones ya presentadas a las que ha tenido acceso este diario pertenecen a lucenses de este sector.
El propio presidente de la Asociación de Hostelería, Cheché Real, confirmó que una treintena de sus asociados ya han dado los primeros pasos en este sentido. La asociación los deriva hacia un par de grandes despachos de abogados nacionales que, a través de acuerdos con Hostelería de España, están tratando de centralizar todos los casos posibles.
Sin embargo, ni siquiera en el caso de la hostería se puede asegurar que todas las reclamaciones tengan el mismo éxito. Entre otras cosas, porque, según las comunidades, parten de situaciones muy diferentes, ya que las decisiones de cada uno de los gobiernos autonómicos no fueron iguales. Por ejemplo, hubo asociaciones locales que consiguieron que los tribunales superiores de sus comunidades anularan algunas de las medidas, lo que supone una ventaja de inicio.
No es el caso de Galicia, donde las patronales de hosteleros vieron como hasta en dos ocasiones el TSXG rechazaba sus pretensiones, si bien todavía están pendientes del último recurso presentado en el mes de diciembre.
La sanidad privada cree que parte de una situación de ventaja para ganar
Uno de los sectores que más rápido ha reaccionado es el de la sanidad privada, dominada por grandes grupos inversores dispuestos a colaborar entre sí. Sus reclamaciones son de muchos millones de euros y, además, creen que cuentan con un as en la manga para ganar.
Abogados consultados por este diario que conocen el estado de los procedimientos confirman que la indemnización a estas clínicas y hospitales es quizás de las más sencillas de argumentar. La base es que durante el estado de alarma a estos centros se les obligó a estar abiertos y en disposición de recibir pacientes en caso de saturación de los hospitales públicos, y además se les prohibió en la mayor parte de los casos acogerse a ertes o realizar modificaciones de plantillas.
Clínicas y hospitales fueron obligados a seguir abiertos y al final no tuvieron la actividad prevista
Sin embargo, finalmente casi ninguno de ellos recibió los pacientes esperados que supuestamente iban a derivar las administraciones, por lo que durante todo ese tiempo se vieron obligados a seguir abiertos, con las plantillas casi íntegras y sin apenas actividad. Es el caso, por ejemplo, de Lugo y Galicia, donde el sistema público fue casi siempre suficiente para aguantar la presión hospitalaria.
Un gran negocio para los tiburones del derecho
Los grandes tiburones del sector de la abogacía ya han olido presa y se han lanzado a por un negocio millonario. Su objetivo es centralizar el mayor número de reclamaciones posibles en todo el Estado ofreciendo un servicio completo, una tajada de cientos de millones en las que ellos casi siempre ganan.
Cada empresario tiene que pagar una cantidad inicial y, además, ceder un porcentaje de la indemnización que finalmente se consiga
Ofertas que algunos de estos despachos están haciendo llegar a las distintas asociaciones sectoriales contemplan varias posibilidades de pagos, que se suelen mover en arcos parecidos. Uno de estos bufetes, por ejemplo, plantea dos posibilidades: una entrega inicial de alrededor de 250 euros más un 25% de la cantidad que se consiga, o una segunda opción de un pago inicial de unos 1.200 euros más el 15% del dinero que se consiga. En este segundo caso se incluye además el informe pericial necesario. Si se pierde, los clientes se hacen responsables de las costas judiciales del procedimiento.
Las reclamaciones a las compañías de seguros abren una vía complementaria
La batalla judicial por las indemnizaciones a causa de la pandemia tiene una segunda vía complementaria que también están explorando muchos empresarios y autónomos: la de los seguros.
La clave en este caso está en que muchos empresarios incluyeron entre las cláusulas de sus pólizas un seguro por el cierre o cese temporal del negocio. Generalmente, la aseguradora abona una determinada cantidad por día de cierre o inactividad. También generalmente, incluyen como excepciones fenómenos como inundaciones o desastres naturales imprevistos.
El problema es que ninguna de las aseguradoras había visto la necesidad de incluir las pandemias como excepción para no pagar. Sin embargo, la mayor parte de las compañías está negándose a abonar esas cantidades, defendiendo que la pandemia entra dentro de esos supuestos que figuran en los contratos. Ya hay una sentencia de un juzgado de Girona que dice lo contrario y obliga a indemnizar.
