Un empresario lucense fue detenido el pasado miércoles por estafar supuestamente unos 280.000 euros a la Seguridad Social. La investigación que dio pie al arresto se extiende también a su esposa, ya que la Policía Nacional está realizando diferentes pesquisas para determinar su implicación en la presunta trama.
El fraude que se imputa al empresario fue detectado por la Dirección Provincial de la Seguridad Social de Lugo, que envío por escrito una denuncia a la Tesorería General —a través de su Servicio de Prevención de Delitos Económicos—, en la que exponía las «presuntas irregularidades» realizadas por el matrimonio desde hace años.
El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) abrió una investigación. Los agentes se trasladaron a la capital lucense desde la sede central de Madrid y recabaron la información necesaria para proceder a su arresto.
El matrimonio está al frente de un grupo empresarial, con domicilio social en Lugo e instalaciones en Outeiro de Rei, que se dedica al sector del transporte y el reciclaje de residuos.
Los investigadores detectaron que las empresas vinculadas al grupo arrastran deudas con la Seguridad Social desde 2010. A lo largo de esta década, dichas sociedades —que tienen como administrador al detenido— habrían defraudado unos 280.000 euros. Al parecer, el matrimonio realizó varios trámites de forma irregular para eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores, según apuntó la Policía, «todas las empresas del grupo tenían el mismo ánimo defraudatorio».
Los investigadores también comprobaron que parte de los vehículos que integraban la flota del grupo no tenía pasada la ITV obligatoria y además carecía de seguro en vigor.
DELITOS. La Policía Nacional le imputa al empresario un delito contra la Seguridad Social y otro contra los derechos de los trabajadores. Su esposa, por el momento, figura en las diligencias como investigada.
Si se confirman las sospechas de los investigadores, el patrono podría ser condenado como autor del un delito del artículo 307 del Código Penal, que castiga el fraude a la Seguridad Social, ya sea obteniendo indebidamente devoluciones de las cuotas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto de forma indebida. Este delito conlleva penas de entre uno y cinco años de cárcel, así como una multa que podría multiplicar por seis la cantidad defraudada, cuando la deuda supera los 50.000 euros. Si son más de 120.000 euros, la condena podría llegar a los seis años de prisión y multa del doble del séxtuplo de la cantidad defraudada. Además de la condena judicial, tendría que liquidar la deuda con la Seguridad Social.
Por el delito contra el derecho de trabajadores, el detenido podría ser condenado a penas de entre seis meses y seis años de prisión y multa de seis a doce meses.
LIBRE. Tras su arresto, el empresario lucense fue trasladado a la comisaría de la Rúa Chantada. Prestó declaración en las dependencias policiales y las diligencias fueron remitidas al juzgado. Finalmente, quedó en libertad con cargos en la propia comisaría y no testificó aún ante el juez.
El grupo empresarial que dirige el detenido funcionó esta semana con total normalidad, ajeno a los problemas de su responsable, según aseguraron fuentes de la investigación.
Además de responder ante la Justicia por un delito contra la Seguridad Social y otro contra los derecho de los trabajadores, el arrestado también tendrá que rendir cuentas por tener parte de su parque móvil sin pasar la correspondiente ITV y sin el seguro obligatorio en vigor.
