¿Qué tienen en común y qué diferencias los tribunales constitucionales español e italiano?
El constituyente español en el año 1978 tomó como referencia para la redacción de nuestra Carta Magna las experiencias constitucionales alemana e italiana de la II posguerra mundial, así como la propia Constitución de la II República española, que ya en 1931 instituía un Tribunal de Garantías Constitucionales que asegurase la integridad del orden constitucional. Del Tribunal Constitucional Federal alemán se importaron fundamentalmente sus funciones, entre las que sobresale el recurso de amparo como mecanismo de reparación de derechos fundamentales. En cambio, la Corte Constitucional italiana sirvió como inspiración para el diseño de las cuestiones orgánicas, es decir, el sistema de composición del colegio. La idea de un tribunal en cuya designación de sus miembros intervienen los demás poderes del Estado —Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial— tiene una vocación integradora y de legitimación democrática previamente ensayada por nuestros vecinos italianos.
¿Haría cambios en los criterios de selección de los miembros del Tribunal Constitucional español o en la duración de su mandato?
Tras más de cinco años de reflexión al respecto he llegado a la conclusión de que las fórmulas mágicas no existen, y precisamente la comparación con la Corte italiana permite sostener que las soluciones deben adaptarse a las necesidades de cada país y su cultura jurídica. Creo que la participación de los demás poderes del Estado en la selección, el establecimiento de un mandato prolongado (9 años) alejado de la lógica de las legislaturas, así como la previsión de un estatuto jurídico particular orientado a preservar su independencia e imparcialidad, son factores que a priori deben ser valorados positivamente. Ahora bien, no es un secreto que directa o indirectamente todos los magistrados deben su candidatura al apoyo de las fuerzas políticas del momento. Lo cual tiene una doble lectura: de un lado, refuerza su legitimación democrática; del otro, puede malinterpretarse esta vinculación con una adscripción partidista y minar la credibilidad de sus decisiones a ojos de la opinión pública. Esta es la clave, introducir modificaciones normativas que eviten o mitiguen la percepción de politización de los magistrados. Por ejemplo, rompiendo la renovación por tercios en favor del mandato individual, desincentivando los retrasos parlamentarios en la provisión de vacantes con fines manipulativos, prohibiendo la compatibilidad del cargo con la militancia partidista o estableciendo un período de enfriamiento tras el cese que desvirtúe la posibilidad de recompensas con nuevos destinos en el sector público o privado. Pero sin duda lo más efectivo sería un auténtico compromiso político por abandonar la política de cuotas en favor del consenso de las candidaturas, enfatizando los criterios de capacidad técnica frente a las afinidades políticas.
¿Es un órgano del que se pone en duda más de la cuenta su imparcialidad?
Creo que en un contexto de crisis institucional generalizada el Tribunal Constitucional no ha escapado a la crítica, y en gran medida por su esquema de composición. No es infrecuente encontrar en los medios de comunicación noticias en las que se etiqueta a los magistrados como progresistas o conservadores en función de quién hubiese sustentado su elección. Pero considero honestamente que es una visión un tanto reduccionista de su labor. Los asuntos que alcanzan la condición de noticiables son aquellos con mayor controversia jurídica, pero también política, y sus resoluciones se leen en términos partidistas. Sin embargo, el día a día de sus pronunciamientos pasa desapercibido para la mayoría de la sociedad. Su importante trabajo en la construcción de nuestro modelo institucional y en la interpretación evolutiva de nuestros derechos fundamentales no ocupa portadas. Por eso abogo por una política de comunicación más efectiva por parte del Tribunal, que le permita llegar a la gente y hacer más inteligibles sus decisiones. Que un magistrado tenga una determinada comprensión del mundo y la vida en sociedad no significa necesariamente que esté respondiendo al mandato de un partido político, pues en todo caso su criterio estará sometido a los límites de la razonabilidad jurídica.
El profesor Luis Aguiar de Luque lamenta en el prólogo de su libro las dificultades de los egresados en la universidad española para incorporarse a la profesión académica. ¿Coincide con esa apreciación?
Tristemente debo darle la razón a mi maestro. La crisis en el mundo universitario es anterior a la propia crisis económica global que padecemos desde hace años. El envejecimiento de las plantillas convive con altos índices de precariedad laboral en los jóvenes investigadores. Se están formando cuellos de botella en el acceso a las plazas de funcionario o de contratos indefinidos. En estas condiciones es difícil hacer una planificación seria de la propia carrera investigadora, y no incentiva precisamente la incorporación de nuevos talentos ante lo incierto del futuro profesional.
¿En qué influyó en su trabajo Gregorio Peces-Barba, que precisamente fue uno de los padres de la Constitución?
El apoyo del profesor Peces-Barba fue muy importante en mi decisión de hacer el doctorado e incorporarme a la vida académica. Desgraciadamente falleció antes de que hubiese culminado mi trabajo de investigación, pero le considero un maestro, pues sus reflexiones siempre han sido un estímulo. Era una persona profundamente dedicada a la Universidad, como rector-fundador dejó su impronta en la Carlos III, y para mí es todo un honor haber tenido la oportunidad de compartir mis primeros años de andadura investigadora cerca de él y sus discípulos.
