Confinados en Lugo después de dejar su país por violencia, persecución o carestía

Así viven el estado de alarma en la ciudad de la muralla
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photo_camera Ariana Rincón y Jefferson Guillén con su hija

Llegaron en busca de asilo político dejando en sus países violencia, persecución o carestía, lo que provocó que algunos de ellos ya hubiesen estado confinados para proteger sus vidas. De ahí, que se amolden con más facilidad al hecho de no poder salir ahora de casa. Sin embargo, eso no quita que la nueva situación no les esté pasando factura. Lograr un techo, tener los papeles o conseguir un trabajo son retos todavía más difíciles de conseguir para ellos en este Estado de alerta.

Ariana Rincón y su marido, Jefferson Guillén, llegaron desde Barcelona a Lugo en tren hace solo unos días con su hija, de dos años. Ellos tres eran los únicos ocupantes del vagón. Se vinieron con sus ahorros y lo puesto a un sitio que acaban de conocer. En la capital catalana, vivían en una habitación alquilada por la que pagaban 450 euros. Sus caseros eran ecuatorianos. El temor de estos a un posible contagio los dejó en la calle. En Barcelona se hacía difícil pagar otro alquiler al no tener trabajo. Un contacto les habló de la posibilidad de venirse a Lugo y aquí están, esperando una oportunidad para salir adelante como solicitantes de asilo político que todavía son.

"Alquilamos aquí otra habitación por 200 euros donde vivimos los tres. Fuimos a Cáritas pero nos dijeron que teníamos que estar empadronados antes de nada para acceder a ayudas sociales. Para empadronarnos, tendríamos que arrendar un piso entero y eso serían unos 350 euros y adelantar un mes de fianza. Tampoco nos quisieron alquilar hasta que pasase el confinamiento. Sin trabajo y sin ayuda social, está difícil incluso pagar la renta. Y para comer estamos acudiendo al Banco de Alimentos", cuenta Ariana.

Los caseros están viendo que los inquilinos no van a poder pagar y ocurren estos desahucios entre particulares

El caso de esta familia no es único. Karin Mago —presidenta de la asociación de venezolanos en Lugo, Venelugo— conoce otras situaciones de desahucio similares denunciadas por compatriotas suyos en los últimos días, generalmente irregulares y entre particulares, que se escapan a lo regulado por el Real Decreto-ley 11/2020, centrado en contratos de alquiler y lanzamientos judiciales.

"Los caseros están viendo que los inquilinos no van a poder pagar y ocurren estos desahucios entre particulares, que se escapan al Real Decreto-ley aprobado. Esto pasa, sobre todo, con solicitantes de asilo político cuyo trámite aún está sin resolver y que, mientras tanto, no pueden acceder a créditos ni siquiera abrir una cuenta en el banco si no tienen NIE o DNI", afirma Karin Mago.

Estas dificultades para alquilar que sufren estos inmigrantes, en esta situación de emergencia sanitaria, también está siendo detectada por la ONG Accem, que se ocupa del programa de acogida a solicitantes de asilo. Desde esta organización, calcula que puede haber cerca de 90 personas en esa situación en Lugo, que todavía están en espera de asignación de plaza para el programa, paralizado con la declaración del Estado de alerta. "Tenemos entre 80 y 90 solicitantes de asilo en fuerte riesgo de exclusión social en Lugo al no tener más medios para pagar el alquiler que sus ahorros o lo que les proporcione Cáritas, sus amigos u otros servicios sociales. Entre ellos, hay muchas familias con menores a cargo", indica Iria Paz, coordinadora de « en Lugo.

Desde Cáritas, la situación tampoco pasa desapercibida. En los últimos veinte días, se prestó atención a 108 personas nuevas y se atendieron 3.200 llamadas en Lugo. "Esta crisis va a ser peor que la anterior. Todos los días estamos recibiendo solicitudes de ayuda para alimentación, alquiler, suministros y medicinas. Nosotros proponemos que haya un ingreso mínimo garantizado, una cantidad que oscile entre el Iprem y el umbral de pobreza relativo", afirma Mónica Yáñez, secretaria general de Cáritas Diocesana.

Generated by  IJG JPEG LibraryEn este momento, hay veintiocho expedientes de solicitud de asilo político que quedaron paralizados en la Oficina de Extranjería de Lugo hasta que finalice esta situación. La mayoría de los demandantes en los últimos meses proceden de Venezuela y de Colombia. De este último país, llegó a principios de año Shirley Sterling (en la imagen). Su resolución de asilo político tardará en llegar, mientras vive acogida en casa de una amiga, que le proporciona techo y comida.

"Pertenezco a una comunidad indígena colombiana donde actúa el grupo narcoparamilitar Águilas Negras, que mató a mi hermano hace cuatro años y está asesinado a muchos líderes sociales. Me vine por la violencia que se vive allá y —aunque es muy dura mi situación aquí porque estoy sin dinero y no pueda trabajar mientras no se resuelva la solicitud de asilo— el futuro en España es mucho mejor y aquí hay una tranquilidad de andar por la calle que allá no existe, porque allí te matan hasta por un móvil", dice Shirley, que espera poder traer a su hija para hacer una carrera en España.

El caso de Shirley no es único. Más colombianos se están viniendo a España solicitando asilo político. El abogado Waldir Sinisterra lleva varios casos de estos desde su despacho de Lugo. "Está viniendo gente de Colombia a pedir asilo político a España porque, aunque se acabó la guerrilla con las FARC, continúan teniendo mucha presencia los paramilitares y los grupos de delincuentes al servicio del narcotráfico. Hay zonas donde se producen dos asesinatos al día y el Gobierno no hace nada", afirma.

Generated by  IJG JPEG LibraryUna vez conseguido el asilo político, tampoco es fácil la inserción laboral. El mexicano Juan Sosa (en la imagen) lleva seis años en Lugo, a donde llegó acogido a un programa de Amnistía Internacional, tras sufrir persecución y cárcel en su país por defender los derechos de la comunidad indígena en Oaxaca. Llegó con su mujer y sus tres hijos. Tras lograr el estatus de asilado político, tenía la esperanza de encontrar trabajo pero aún no lo encontró. Con 54 años, se matriculó este curso en Derecho, en la USC, pero tuvo que dejar los estudios por no poder pagar los gastos. Seguidamente, se fue para una FP Dual en As Mercedes, pero la empresa no lo admitió para hacer las prácticas y le quedó el curso incompleto. Su preocupación, ahora mismo, no es el confinamiento.

"Cuando salimos del programa de Amnistía, solicitamos la Risga —que aún cobramos— y ayudas del Banco de Alimentos y de Cáritas. Gracias a eso pagamos el piso y salimos adelante. Pero, pese a todo, aquí vivimos bien porque tenemos seguridad y no hay la violencia que había en México", afirma Juan Sosa.

Este hombre fue preso político en su país tres años. Tuvo que esconderse para proteger su vida tanto en México como en El Salvador. Él ya conocía lo que era vivir confinado. "A nosotros esto no nos toma por sorpresa. También estamos acostumbrados a la supervivencia. Con poco, resolvemos las necesidades más apremiantes. Estamos acostumbrados a no salir a divertirnos, así que no nos cuesta no hacerlo. Incluso a mí no me alcanza el tiempo para hacer lo que quiero hacer. Nos preocupa más qué va a pasar mañana, si tendremos un trabajo o qué vamos a comer", indica Juan Sosa.

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