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Agentes de Aduanas ratifican que hubo pagos a Liñares, pero no los presenciaron

Liñares llega a la Audiencia Provincial de Lugo. XESÚS PONTE
Liñares llega a la Audiencia Provincial de Lugo. XESÚS PONTE
Un agente apunta que había "un interés especial" del exedil y Pachi Vázquez en mantener irregularmente contratada a una mujer como jefa de prensa de la CHMS

La segunda jornada del juicio en el que están acusados el exconcejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, y nueve empresarios ha acogido el testimonio de varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que se ratificaron en sus informes en los que hablaban de entregas de dinero, aunque no las presenciaron. 

En su declaración, el agente del SVA que coordinó la instrucción aseguró este miércoles que había un interés especial del exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez y Francisco Fernández Liñares en mantener irregularmente contratada a una mujer como jefa de prensa de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. También confirmó el modus operandi en la concertación de obras y cobro de comisiones.

Además, esta sesión, en la que se renunció a la comparecencia de varios agentes, ha estado muy centrada en la declaración firmada por el principal encausado en el marco de una cena con los agentes en Santa Comba, de camino del último registro –en su inmueble de Dumbría (A Coruña)– hasta los calabozos de Lugo en septiembre de 2012. 

Las entrañas del proceso: Liñares, genio y figura

En la media docena de testificales que se realizaron, los agentes se ratificaron en los informes emitidos. El primer agente en testificar se centró en la existencia de un documento encontrado en el domicilio habitual de Liñares en el que aparecían "iniciales", que se corresponden según los investigadores, con las identidades de los empresarios. 

Este funcionario indicó que en ese documento encontrado había una suerte de asiento contable que empezaba el 1 de mayo de 2012 con una anotación de 424, que entienden que era 424.000 euros, a lo que se añadían unos ingresos probables por aportaciones de 20 o 15.000 euros y que después de unas operaciones –giros a una empresa de publicidad– el saldo resultante sería 215.000 euros. "Un manuscrito en casa del señor Liñares", reseñó.

Liñares negó en su declaración inicial (este martes) reconocer su letra en los documentos incorporados al sumario, a preguntas de su abogado, en esta sesión del juicio preguntó a este agente del Servicio de Vigilancia Aduanera si había cotejado o había algún informe que corroborase que la caligrafía de esas anotaciones se corresponde con la de Liñares. A esta cuestión indicó que el informe lo hicieron otros cuerpos de seguridad (Policía Judicial y Guardia Civil) y que entendía que se habían hecho las comprobaciones correspondientes, si bien no pudo afirmarlo. Uno de los agentes dijo que el propio Liñares lo reconoció en un contexto informal –el día de los registros–, pero que no figuraba en la declaración firmada porque no en ese momento no lo repitió. 

El abogado de la defensa del principal acusado –el resto, salvo el letrado que defiende al único empresario que negó las entregas de dinero, no hicieron preguntas– preguntó a todos los funcionarios de Aduanas si había conversaciones telefónicas en las que se hablaba expresamente de pedir dinero o de hacer entregas, a lo que los agentes dijeron que no, con el matiz de que –como hizo constar uno de ellos– este tipo de conversaciones "por su experiencia" profesional no se hacen de esa forma, sino que se pactan de otra manera. 

Además, los funcionarios que participaron en la instrucción dirigida por Pilar de Lara indicaron que se deducía por otras palabras. Una de las conversaciones que fue usada como certificado de ella, recogía como un empresario hablaba de que había que "llevarle lo del mes".

DECLARACIÓN EN SANTA COMBA.  Uno de los aspectos más recurrentes fue la declaración firmada de Liñares al regreso del último registro en un inmueble de Dumbría. Los agentes que estuvieron presentes afirmaron que fue el propio acusado el que "espontáneamente" quiso hablar en el transcurso de la cena y que se consultó con la jueza instructora si se tomaban notas de lo que manifestaba. 

Esta declaración tuvo lugar a las 22,00 horas, después de unas nueve o diez horas de registros, en un establecimiento de hostelería en Santa Comba (A Coruña). Los agentes explicaron que decidieron parar debido a que era la hora de la cena e incluso uno de ellos refirió que al llegar a los calabozos de Lugo, el detenido no tendría comida, por lo que entendían que era pertinente. 

"Fue el quien dijo que quería hacer esas manifestaciones y lo dejamos por escrito", afirmó un funcionario del SVA, quien también aseguró que el trato fue "amable y correcto", incluido de él para ellos. Además, insistió en que la decisión de parar era por deferencia al detenido: "No dejamos sin comer a nadie a la hora que hay que comer". 

Durante la sesión, también se abordaron los trabajos realizados en las fincas propiedad de Liñares, que el propio acusado no negó que existiesen, pero justificó que o bien fueron pagadas o bien el valor de la madera donada era equivalente a las actuaciones. Uno de los agentes sostuvo la gratuidad sobre la base de los comentarios y escenas y se refirió en concreto al comentario de "eso ya me lo giran a mí" de un empresario. 

El juez también preguntó a este funcionario por qué hablaba de entregas mensuales", algo que atribuyó a una frase del empresario escuchado en la que decía "pagarle (lo del) el mes pasado" y que la facturación era con esa periodicidad.

"CAMBIO RADICAL". A su llegada a los juzgados en esta segunda sesión, Fernández Liñares ha vuelto a defender su "inocencia", de forma "absoluta". La Fiscalía pide cinco años por los delitos de cohecho y prevaricación. 

"Según cree mi abogado, estamos francamente satisfechos de como van las cosas", declaró a su llegada a la Audiencia de Lugo, en la causa en la que se juzga si hubo entrega de dinero a cambio de contratos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil entre los años 2009 y 2012. 

Con todo, Liñares ha puesto de manifiesto el "cambio radical por parte de los otros acusados respecto a las declaraciones que vinieron manteniendo anteriormente", en referencia velada a que ocho de los nueve empresarios acusados reconocieron ante el tribunal, y a preguntas de la Fiscalía, que dieron cuantías de entre 15.000 y 25.000 euros al expresidente de la confederación. 

Antes de acudir a los juzgados, compartió un café con su abogado, Evaristo Nogueira, quien subrayó que su cliente hizo un declaración que siguió "una línea de coherencia que ya lleva manifestando a lo largo de los años". "Ahora lo que toca es esperar a las sesiones que faltan y después las conclusiones de esta defensa que intentará demostrar que la imputación a Francisco Fernández Liñares carece de sentido", ha concluido.

Una pieza separada de la operación Pokemon
La Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo acoge desde este martes el primer juicio de una de las piezas separadas de la operación Pokemon, una macrocausa judicial que instruyó Pilar de Lara, y que en cuanto a esta pieza tiene previsto desarrollarse durante toda la semana. 

Los hechos que se juzgan están centrados en las actividades de Liñares al frente de la confederación hidrográfica y tanto para él, como para el resto de acusados, el ministerio público pide cinco años de prisión por cohecho, junto con inhabilitación de seis años para contratar con la administración y para obtener ayudas públicas o subvenciones. 

Además, por delito de prevaricación, la Fiscalía solicita en su escrito de acusación diez años de inhabilitación para ocupar un cargo público. 

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