El Supremo abre la puerta a que la Xunta cobre los 204 millones del Iva que le debe el Gobierno

El Estado, condenado por el Supremo a pagar a Castilla y León 182 millones de la liquidación de 2017, ya asume que tendrá que abonarlo a todos
Valeriano Martínez. PEPE FERRÍN (AGN)
photo_camera Valeriano Martínez. PEPE FERRÍN (AGN)

"Todo indica que os 204 millóns terán que vir á comunidade porque son de todos os galegos ". Con esa contundencia se pronunció este martes en el Parlamento el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez al referirse a la liquidación del Iva de 2017 que el Gobierno central le adeuda a Galicia y que la Xunta ya reclamó por vía judicial. Y lo hizo tras conocerse que el Tribunal Supremo (TS) le acaba de dar la razón a la vecina Castilla y León en una demanda idéntica, una sentencia que abre la puerta al cobro a Galicia y al resto de autonomías, una factura pendiente que ronda los 4.150 millones de euros.

La esencia de la sentencia avala el argumento de la reclamación que consiste en que los ciudadanos habían ingresado el Iva correspondiente a diciembre de 2017 y, sin embargo, el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. "Produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la comunidad autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado", explica el Supremo.

CONFIANZA Y PRUDENCIA. En Galicia, Valeriano Martínez aprovechó su comparecencia en el Parlamento para dar la "benvida" a esta sentencia, pues valora que "o importante é que entrou no fondo do asunto" y de ese modo "este debate dura pouco". "En 2017 os galegos si que aboaron o seu Ive e por un cambio de sistema resulta que se lle deben á comunidade autónoma 204 millóns", zanjó.

Eso sí, pese a confiar en que el Supremo seguirá "por ese camiño" en el caso gallego, el conselleiro pide "prudencia "para esperar por la sentencia de la demanda gallega, presentada en agosto de 2020 y revisada este mes por el TS.

Igualmente, el conselleiro de Facenda llamó a "ter coidado" con la liquidación de 2020, que "será efectiva en 2022", así como con lo que ocurra en 2023.

Y fuera del Parlamento también se pronunció al respecto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que recordó que los argumentos del Ejecutivo gallego eran "moi similares" a los que prosperaron de Castilla y León. Por esa razón, Rueda habló de "esperanza". "A Xunta sempre defendeu que había unha cantidade que o Estado tiña que pagar e o Goberno central negábase. O mesmo defende Castela e León e acaban de darlle a razón. No caso de Galicia, esperamos que suceda o mesmo".

Otra voz del PPdeG que valoró la situación fue la del portavoz parlamentario. Pedro Puy recordó que en 2019 el PSdeG se abstuvo en una votación para reclamar el Iva adeudado. "Tivemos que ir á Xustiza para que nos dean a razón, porque probablemente nos darán a razón", indicó.

EL GOBIER NO LO ASUME. El Ejecutivo central ya avanzó que estudiará y cumplirá el fallo del Tribunal Supremo y vino a manifestar que, si se paga a una comunidad autónoma esa liquidación, se tendrá que pagar a todas, lo que puede suponer un problema.

Y es que el rechazo a liquidar el Iva del mes de diciembre de 2017 a las comunidades —según el Gobierno central por culpa de un cambio normativo de la era Rajoy— supuso un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por valor de 4.150 millones, lo que puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un "serio problema" si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades autónomas de régimen común.

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