Louzán reivindica su inocencia y anuncia que recurrirá la condena

El presidente de la RFGF muestra en un comunicado su "convencimiento claro" de poder demostrar su "inocencia"
Rafael Louzán, durante el juicio. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera Rafael Louzán, durante el juicio. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El expresidente de la Deputación de Pontevedra Rafael Louzán ha anunciado este viernes que recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia del juzgado de lo Penal 3 que lo condena a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación, al tiempo que reivindica su inocencia.

En un comunicado, Louzán recalca que su actuación en relación con las obras en el campo de fútbol de Moraña, por las que ha sido condenado por los delitos de prevaricación y fraude, al igual que la ya delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, "se ha regido por el único interés de buscar el beneficio de los ciudadanos".

Algo que hace extensivo a toda su trayectoria política, a la que puso fin tras perder las elecciones locales de 2015, antes de dar el salto al fútbol y ejercer como presidente de la Federación Gallega.

Incide Louzán en que el fallo del juzgado de lo penal 3 de Pontevedra "no es firme, y como no podía ser de otra manera" lo recurrirá ante la Audiencia de Pontevedra con el "convencimiento claro" de poder demostrar su "inocencia".

Algo que, esgrime, "testificaron todos los técnicos de las distintas administraciones implicadas, testigos, funcionarios y peritos que acreditaron en sede judicial la corrección del procedimiento seguido y de la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas".

No obstante, la jueza "no lo ha entendido así" y lo considera responsable en el procedimiento administrativo "por el mero hecho de ser la máxima autoridad" de la Deputación de Pontevedra; "en ningún caso" porque haya "pruebas que evidencien conocimiento y/o participación" por su parte en los hechos juzgados.

OBRAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL. Detalla Louzán que las obras en el campo de Moraña se enmarcan en un convenio inicial con el Concello en 2011 y tenían un presupuesto de ejecución de 71.332 euros más IVA, "ejecutadas en su totalidad, tal y como reconoce la sentencia".

La sentencia que lo condena concluye que Louzán concedió una subvención de 86.311 euros para realizar dichas obras, que en su mayor parte ya habían sido ejecutadas con anterioridad.

En la sentencia, la titular del juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra considera probado que la constructora a la que la Deputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación.

Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, según la sentencia, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba".

La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, se adjudicó "de forma irregular" otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.

"VOLUNTAD MANIFIESTA EN CONTRA DE LA LEGALIDAD". Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales "se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de fútbol", indica la jueza en su fallo.

Esta cuestión, apunta la magistrada, queda demostrada por las escuchas a varios de los acusados y la documentación aportada por la Fiscalía.

Añade que el entonces presidente de la Deputación, Rafael Louzán, "sabía de primera mano", por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Deputación, "que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas".

Esa conducta de Louzán, según la jueza, "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad", porque sabía que la subvención que estaba concediendo para estas obras era "claramente arbitraria y contraria a derecho".

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