La factura pendiente del desastre

Casi dos décadas después del mayor desastre ambiental de la historia de España, la marea negra que dejó el petrolero Prestige tras hundirse cuando navegaba frente a la Costa da Morte un 13 de noviembre de 2002, los 855 millones de euros de indemnización que España reclama a la aseguradora del buque por los daños causados siguen en el aire. Los abogados que participaron en la causa judicial que derivó de esta catástrofe ven un "futuro incierto" al pleito, lo que implica que no vislumbran claras posibilidades de éxito.

Después de que el hundimiento del buque monocasco derivase en tragedia ecológica con el vertido de toneladas de fuel en el litoral gallego, comenzó una batalla judicial entre España y la aseguradora del petrolero, London P&I Club, que desembocó en dos procesos diferentes aquí y en Reino Unido.

En España, la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña emitida once años después del fatídico suceso condenó al capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas, pero fue exonerado, junto al resto de acusados, de cualquier otra responsabilidad por la inmensa marea negra que tiñó miles de kilómetros de costa.

Pero en enero de 2016, el Tribunal Supremo corrigió aquel fallo, impuso una pena de dos años por delito ambiental a Mangouras y abrió la puerta a indemnizaciones por responsabilidad civil. Esta recayó en la aseguradora, que estaría obligada a indemnizar con el límite previsto en la póliza suscrita con el armador: 1.000 millones de dólares, unos 855 millones de euros al cambio en aquel momento. Lejos de esa cifra, la Fiscalía había estimado en 4.328 millones el coste de los daños del Prestige, 2.439 millones en Galicia.

Posteriormente, London P&I Club consiguió que un laudo arbitral estableciese que las pretensiones indemnizatorias de España deberían haberse formulado en ese procedimiento arbitral en Londres —donde tiene domicilio social la aseguradora— y no ante los tribunales españoles. España, por su parte, solicitó a los tribunales británicos que reconocieran la resolución española que ordenaba a la compañía a reparar los daños causados, algo que ocurrió en mayo de 2009. Pero la aseguradora recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales decidió plantear varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Este dictaminó el pasado junio que prevalece el fallo español sobre el arbitraje británico.

La disputa judicial sigue abierta. Ramón Sabín, que representó a cofradías gallegas y otras del norte de España, no se atreve a pronosticar la viabilidad de la reclamación ante Reino Unido que mantiene la Abogacía del Estado con la aseguradora del barco. Por su parte, el letrado Cipriano Castreje, el primero en presentar, como "ciudadano, no representando a nadie", una denuncia tras la catástrofe, lo ve "complicado, pero no imposible". "Complejo" también lo considera Pedro Trepat, abogado de Nunca Máis, el movimiento que surgió tras el hundimiento.

Los afectados por la marea negra ya cobraron las indemnizaciones por los daños causados. Fueron adelantadas por el Estado y las distintas administraciones, que no saben si cobrarán esa factura a quien fue señalada como responsable civil en España, la aseguradora del Prestige.

¿Se aprendió?

Sobre las lecciones extraídas de esa tragedia mediombiental y del procedimiento judicial, Ramón Sabín cree que "no se ha aprendido mucho". "Seguimos en manos de los clubs ingleses y del Fondo para la Compensación de Daños por Hidrocarburos con las particularidades de sus cláusulas limitadoras de responsabilidad", dice. Defiende que un buque debe estar obligado a navegar con un seguro que cubra posibles daños. De ese modo considera que las aseguradoras se ocuparían de que estuvieran en buenas condiciones.