Los centros educativos gallegos donde estudien menores de edad, tanto públicos como privados y concertados, contarán el próximo curso con los coordinadores de bienestar y convivencia que contempla Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia para prevenir la violencia y el acoso. Sustituyen a los denominados dinamizadores de convivencia, la figura con la que la Xunta alegaba que ya se cubría esta función, y serán designados por la dirección del centro por un período de dos años, escogiéndolos de entre el profesorado del claustro. Estarán coordinados por los jefes de estudios.
Así se recoge en el borrador de la orden que la Xunta ha remitido a la mesa sectorial no docente, que se reunirá el martes, según informó la Consellería de Educación. Con ello, Galicia se ajustaría definitivamente, con un curso de demora, al acuerdo que, en noviembre de 2021, alcanzaron Gobierno y comunidades para que la figura del coordinador de bienestar estuviese "plenamente operativa" para este curso 2022/2023.
Al respecto, la consellería argumenta que "en Galicia xa existía a figura de dinamizador de convivencia", un miembro del equipo de orientación del centro que, asegura, tenía atribuidas estas funciones "antes de que o Goberno central implementase a de coordinador de benestar". Es decir, que con esta nueva orden "dáse un paso máis no seu afianzamento" desde el punto de vista administrativo, a lo que se suma que "esta figura xa foi actualizada na Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2025, aprobada en 2022".
En este sentido, aparte de este cambio de denominación, refiere entre estas "melloras" la asignación de dos horas complementarias fijas de dedicación dentro del horario o el reconocimiento de este cometido en los concursos de traslados y de orientación.
Prevenir y proteger
En la orden de la Xunta se recoge que estos coordinadores se elegirán "preferentemente" entre profesionales con destino definitivo y se priorizará "a súa formación específica, a experiencia, o interese e a dispoñibilidade horaria". Según la guía del Ministerio de Educación, la primera cuestión es esencial sobre todo si trabaja "en centros de difícil desempeño", donde "sería necesario disponer de experiencia previa en intervención social con infancia en situación de riesgo de vulnerabilidad social", aconseja.
El objetivo principal es que estos coordinadores funcionen como una figura de referencia a la que los alumnos puedan acudir para gestionar casos de violencia en las aulas, desde el bullying hasta el acoso. Para ello, deberán actuar tanto desde la protección como desde la prevención, vigilando por que se cumplan los protocolos contra la violencia y afrontando los casos sospechosos hasta el punto de, ante aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de los menores, promover la comunicación inmediata por parte del centro a la Policía, según indica la ley. Además, también deberá promover los planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección al personal de los centros y a los progenitores.
La Xunta cita entre su cometido coordinar e impulsar el plan de convivencia para mejorar el clima en el centro, potenciando por ejemplo dinámicas escolares, la resolución pacífica de conflictos, el respeto al alumnado vulnerable o la atención a la diversidad.
Pero la norma abarca aún más funciones, como la de fomentar una alimentación saludable. E incluso pueden ir más allá de lo que ocurre en las aulas, puesto que debe denunciar cualquier tratamiento ilícito de datos personales de los menores, como puede ocurrir en las redes o con el ciberacoso.
