El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha ofrecido a someterse a un careo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio sobre la caja b del PP, y el abogado del partido, Jesús Santos, le ha reprochado que se haya alineado con las acusaciones populares para seguir alimentando el "circo mediático".
En el trámite de cuestiones previas, en el que se ha centrado esta primera jornada de juicio, el recién estrenado abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, ha dado la sorpresa al proponer al tribunal ese cara a cara de apreciarse contradicciones entre el testimonio que preste Rajoy como testigo y lo que declare su cliente.
Además ha reclamado que se acuerde también la testifical de Rajoy a petición de esta defensa -pese a haber sido ya acordada a petición de las acusaciones populares-, para poder tomarle así declaración como testigo de Bárcenas, que cumple 29 años de cárcel por Gürtel y ahora se enfrenta a una petición del fiscal de otros 5 años.
El letrado, que desde hace pocos meses representa los intereses del extesorero después de que su anterior abogado renunciase a su defensa, también ha pedido nuevas testificales tras reconocer que gran parte de las pruebas que su cliente guardaba para hacerlas valer en este procedimiento le fueron sustraídas sin su conocimiento en la llamada Operación Kitchen, presuntamente impulsada en 2013 desde el Ministerio del Interior y que se ha conocido tras la detención del excomisario José Villarejo en 2017, según ha recordado.
Para apuntalar su versión de los hechos, ahora ha pedido al tribunal que cite como testigos a los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal
Ha lamentado que pese a estas circunstancias se cuestione la credibilidad de su cliente y ha sostenido que es palpable que está colaborando con la Justicia desde que en 2013 hizo públicos sus famosos "papeles" y que, si en el juicio de Gürtel rechazó responder a las preguntas sobre la caja b, actuó así al entender que ese no era el objeto de esa vista oral y que debía reservarse para este procedimiento.
Por todo ello, y para apuntalar su versión de los hechos, ahora ha pedido al tribunal que cite como testigos a los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal (Marisa Gallero) para que expongan el contenido de las pruebas que recabaron para la elaboración de informaciones en sus respectivos medios.
Con estas testificales, trata de probar la existencia de una grabación del predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, en la que supuestamente manifestaba que existían ciertos pagos a exdirigentes del PP.
Unas revelaciones, ha añadido, que recogió en un artículo Francisco Mercado, que es quien, según el abogado, realizó esa grabación con la intención de tener datos para esa información.
El Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que asegura que no ha llegado a pacto alguno con Bárcenas
Esa grabación de 8 minutos, ha añadido, la escuchó Inda, y por ello pide también que se le llame como testigo.
El extesorero hacía referencia a esa grabación en la carta que envió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción señalando su intención de colaborar con la Justicia y respecto a la que este lunes el Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que asegura que no ha llegado a pacto alguno con Bárcenas, del que dice además que en su escrito "aporta escasas novedades, ninguna sustancial".
En su intervención ante el tribunal, integrado por José Antonio Mora (presidente), Fernando Andreu y María Fernanda García, el fiscal Antonio Romeral ha recordado que en esta causa no se investiga si las donaciones de empresarios ingresadas en la caja b tenían como finalidad la obtención de adjudicaciones públicas, ya que eso se está investigando en otro procedimiento.
Por eso, ha pedido que el juicio se circunscriba al verdadero objeto de enjuiciamiento, fundamentalmente el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP en la calle Génova -888.000 euros- y la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de esa caja b.
Por su parte, el abogado del acusado Cristóbal Páez, exgerente del PP para el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, ha pedido el aplazamiento del juicio
Esa petición ha sido la misma que la de las defensas, que han lamentado la indefensión en que les dejó el auto de apertura de juicio oral que el magistrado José de la Mata dictó en 2018 y en el que ampliaron los hechos y el número de delitos por los que se dictó en 2015 el auto de procedimiento abreviado (PA) -equivalente al procesamiento- a los que las acusaciones habían planteado en sus escritos.
Acusaciones populares contra las que ha arremetido duramente el abogado del PP al considerar que su finalidad responde a intereses "espurios y políticos" y que lo que pretenden es el desgaste del partido y el escarnio "al adversario político".
Un escarnio, ha lamentado, en el que tratan de profundizar al proponer como testigos a expresidentes del Gobierno y a otros exdirigentes del partido y hacerles desfilar "en un circo mediático" al que también ha contribuido este lunes, según le ha reprochado, el abogado de Bárcenas al proponer ese careo con Rajoy.
Por su parte, el abogado del acusado Cristóbal Páez, exgerente del PP para el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, ha pedido el aplazamiento del juicio al menos hasta el lunes al no poder estar presente su cliente al haberse contagiado de covid.En todo caso estima que han prescrito los delitos por los que se acusa a su cliente.
También han alegado prescripción de los delitos fiscales de los que se les acusa los abogados de dos administradores de Unifica, mientras que el letrado de una tercera representante de la empresa estima que debe quedar fuera del juicio, ya que solo la acusan algunas de las acusaciones populares pero no la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
El juicio continuará mañana con las alegaciones de las seis acusaciones populares y la Fiscalía a las cuestiones previas planteadas, tras lo cuál el tribunal emitirá su dictamen.
