Con el reloj electoral en marcha y la tensión de la plantilla de Alcoa en máximos tras cinco meses de incertidumbre, el Gobierno dispone de menos de 30 días para mejorar el estatuto de los consumidores electrointensivos. Todo apunta a que los cambios serán escasos porque el Ejecutivo está condicionado por la falta de presupuestos y por su propia interinidad, aunque sí podría haber opción de favorecer las factorías hiperelectrointensivas en el reparto de las ayudas para bajar la factura de la luz.
Alcoa elevó el nivel de alarma al poner en duda la viabilidad de la división de aluminio de San Cibrao. ¿El ministerio asume que los incentivos para reducir los costes eléctricos deben ser mayores para que la industria española pueda competir?
A día de hoy, los mecanismos que se consideran en el estatuto de los consumidores electrointensivos son los que legalmente pueden aplicarse en el corto plazo. No obstante, tanto empresarios como sindicatos conocen y valoran el compromiso claro e inequívoco que la ministra Reyes Maroto viene mostrando, consciente de la necesidad de profundizar en medidas que permitan reforzar la competitividad de la industria. Eso será positivo también para la factoría de San Cibrao. Obviamente, no compartimos las afirmaciones ni la actitud de Alcoa, que es quien debe dar explicaciones al respecto. Los problemas de la industria electrointensiva y de Alcoa se visibilizan ahora, pero nacen de la inacción de la política industrial y energética del Gobierno anterior.
Para el resto de consumidores, el aumento del recibo es del orden de decimales, sin práctica repercusión
¿Son posibles las rebajas fiscales?
Cualquier medida fiscal debe adoptarse desde el ámbito legislativo, pues implica el cambio de normas con rango de ley. Dada la disolución del Parlamento no se puede tramitar ninguna modificación hasta la próxima legislatura. Pero el compromiso de este Gobierno es claro y confiamos en poder seguir desarrollando medidas de política industrial después del 28 de abril.
¿Prevén compensar los costes del transporte que se cargan a los peajes, como reclaman Xunta e industria?
Para cumplir con las exigencias de la UE, actualmente está en fase de aplicación la separación de la parte regulada del coste de la energía en dos partes diferenciadas. Por un lado, están los peajes, como el de transporte o la distribución, que han pasado a recaer exclusivamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tanto en lo relativo a su cálculo como a costes. Por otro lado, está la parte denominada cargos, que recoge el resto de costes que antes también se incluían en los peajes, y que es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica. Solo en esta parte el Gobierno podrá actuar para rebajar el coste energético.
¿Hay posibilidad de modular las ayudas creando categorías como la del consumidor hiperelectrointensivo?
Sí, como ya ocurre en países como Francia. El pasado miércoles finalizó el plazo para la presentación de alegaciones al real decreto que regula el estatuto. Las analizaremos y veremos cómo pueden encajarse.
El Gobierno validó el viernes la ampliación hasta 91 millones de la partida para compensar los costes indirectos por las emisiones de CO2. La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía reclama llegar a 200 millones, una cantidad que, según dice, tiene el aval de Bruselas...
Es una gran noticia para la industria y muestra nuestro compromiso incluso en un período de presupuesto prorrogado. La voluntad es llegar al máximo autorizado por la Comisión Europea en la medida en que unos nuevos presupuestos generales lo permitan. En todo caso, esta convocatoria y estos 91 millones son muy superiores a la última convocatoria ordinaria, en la que el Gobierno anterior solo contempló 6 millones.
Las condiciones de la subasta del servicio de interrumpibilidad no se han fijado y la sensibilidad por Alcoa y otras industrias se tendrá en cuenta
Una parte de los ahorros por 140 millones de los que se beneficiaría la industria a través de las medidas del estatuto se cargarán a la factura del resto de empresas y hogares. ¿Elevar los incentivos fiscales supondría incrementar más el recibo del resto de consumidores
La adopción de incentivos fiscales no es posible en este momento, pues debe hacerse a través de una norma con rango de ley. En cualquier caso, la Ley del Sector Eléctrico establece la obligatoriedad de mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico. Además, hay que señalar que el aumento que supone para el resto de consumidores es del orden de decimales, sin práctica repercusión.
Red Eléctrica abrió la caja de los truenos al insinuar que Alcoa no podrá concurrir a la próxima subasta de la interrumpibilidad tras renunciar a prestar el servicio con las plantas de A Coruña y Avilés en el primer semestre. ¿Cómo va el ministerio a solventar esta situación?
El ruido mediático en torno a Alcoa no ayuda en la solución. Las condiciones de la subasta no se han fijado, por tanto, no hay ninguna situación a solventar. Lógicamente, en el marco de la normativa vigente, la sensibilidad por esta y otras industrias se tendrá en cuenta.
¿Habrá en junio un inversor que siga con la actividad en A Coruña? ¿Se mantendrán los 369 empleos?
El trabajo que desarrollamos está siendo intenso y continuo. Buscamos inversores y medidas de política energética adecuadas desde el primer día, rompiendo con la inacción del anterior Gobierno, que, junto a la falta de inversiones por parte de Alcoa, han llevado a los trabajadores al punto actual. Nuestra prioridad es garantizar la capacidad industrial y laboral en A Coruña y Avilés. Se está realizando un trabajo discreto en esta dirección, que esperemos fructifique. Agradezco el papel responsable de UGT y CC.OO. en este proceso, pero, para que llegue a buen fin, será también necesaria la actitud responsable de la empresa.
¿La solución será conjunta para Avilés y A Coruña? ¿Podría incluso pasar por reorientar la actividad, aparcando la producción de aluminio?
Lo importante es centrarse en garantizar la capacidad industrial y laboral en su conjunto. Serán bienvenidos todos los proyectos que añadan valor y capacidad a las plantas y a su entorno.
¿El Gobierno va a impulsar algún tipo de medida para promover la firma de contratos bilaterales en un escenario en que el desarrollo de las renovables cobra un nuevo impulso?
Así es. El decreto que regula el estatuto contempla la puesta en marcha de medidas que permitan favorecer la creación de un mercado de contratación bilateral entre empresas generadoras e industrias electrointensivas. Actualmente, estamos valorando mecanismos para que el Estado impulse el despegue de este tipo de contratos, que están siendo empleados en otros países. Con estos instrumentos, las empresas industriales tendrán certidumbre sobre los precios de la energía en el largo plazo, de modo que serán clave a la hora de la toma de decisiones de inversión. A la vez que se garantiza ese marco estable, tan demandado por la industria, se impulsará la transición energética hacia modelos de generación renovables, con la importante carga de innovación que esos nuevos modelos llevan aparejada.
