El progresivo agotamiento del stock de vivienda disponible y el boom de los pisos de uso turístico (VUT) tensionan el mercado del arrendamiento. Según los datos recogidos por la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) entre sus asociados, más de 1.200 familias "viables y solventes económicamente" están "en lista de espera" para conseguir un alquiler de larga duración.
Los resultados del sondeo, realizado en el mes en curso y en el que se confrontó la situación actual con la de 2018, revelan que el 15% de las agencias aseguran haberse quedado ya sin nada que ofrecer, en tanto que "una franja mayoritaria" afirma haber encajado "un descenso de entre un 50 y un 75% con respecto a hace cuatro años".
A consecuencia de esta escasez, la organización que preside Carlos Debasa avisa de que no son pocos los que se ven obligados a variar sus criterios de búsqueda. Así, en un 45% de los casos es necesario aumentar el presupuesto máximo para encontrar alojamiento. En esta línea, cuatro de cada diez potenciales inquilinos deben ampliar el radio de búsqueda a las áreas metropolitanas por la falta de oferta en las ciudades. Agalin añade que un 10% se ve abocado a reducir el número de habitaciones que buscan, prescindir del garaje o de otros elementos para encontrar algo disponible y que puedan costear. A esto se suma el hecho de que en el 5% de los casos se acaban firmando contratos para alquilar viviendas "por debajo de los umbrales de calidad deseados".
El Ministerio de Agenda Urbana indica que en Galicia había 20.683 inmuebles nuevos sin vender al cierre de 2020, un mínimo histórico que refleja un descenso del 47% desde 2010. A lo largo de la década, el parque total apenas creció un 2%, de manera que en 2020 había 1.631.754 viviendas.
Y los registros del Ige confirman que, pese a haberse reactivado a partir de 2015, la construcción de viviendas nuevas y en rehabilitación dista mucho de los niveles de los años de la burbuja. Si en 2007 se edificaron 46.903, en 2021 fueron 3.482, esto es, apenas el 7% de las viviendas que se levantaban en los años dorados del ladrillo.
PISOS TURÍSTICOS. Al margen del escaso crecimiento del parque, Agalin incide en que detrás del déficit de oferta está otro factor: el "descontrol" en el mercado de las viviendas de uso turístico. Según los registros de la Xunta, a 1 de mayo en Galicia había 14.068 VUT. En mayo de 2017 eran 542, lo que refleja que la oferta se ha multiplicado por 26 en cinco años.
"Las viviendas de uso turístico no son el enemigo, el descontrol es el enemigo", recalca Carlos Debasa, que insta a las administraciones a legislar. Entre otros aspectos, Agalin pide a los ayuntamientos que regulen las VUT para que no se puedan "vaciar" las ciudades de alquileres tradicionales a precio "razonable". También apuesta por que los dueños de estos inmuebles no puedan "competir deslealmente con los locales de hostelería», para lo que demanda una «equiparación de obligaciones, impuestos y normativas". La patronal de inmobiliarias incide en que, además de garantizar los "derechos como consumidores" de los usuarios, fijar unas reglas de juego impedirá «que se expulse a los estudiantes" del centro de urbes como Santiago.
Hoy por hoy, para sacar al mercado una VUT es necesario inscribirla en el Rexistro de empresas e actividades turísticas de la Xunta y contar con un seguro de responsabilidad civil. "Sin licencia de actividad es imposible operar y son los concellos los que tienen la última palabra", remarca Debasa, que destaca que Pontevedra, Oleiros y Compostela «han tomado actitudes valientes y legislado de manera coherente con el modelo de ciudad deseado por la práctica totalidad de la población".
El alquiler subió en Lugo un 26% desde 2014
Los datos de la Xunta sitúan el alquiler medio en el concello de Lugo en 389,7 euros este año, lo que supone una bajada del 4,7% respecto a 2021. Desde 2014 —cuando la referencia era de 310 euros— hasta 2021, el repunte ha sido continuado. En ocho años el alquiler se ha encarecido un 26%.
El TSXG avala topes locales a la VUT. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado la tesis de los concellos de Santiago y Pontevedra al estipular que los propietarios de vivienda turística deberán contar con licencia municipal y que el uso de estos inmuebles no se puede "identificar con el residencial".
La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) sostiene que mientras el Supremo no se pronuncie no se habrá sentado jurisprudencia.
