El Estado paga la cotización a 957 gallegos que cuidan de familiares dependientes

Los expertos cifran el valor de la labor de los cuidadores no profesionales en hasta 3.196 millones de euros, el 5% del PIB gallego

Una mujer cuida a una persona dependiente. EP
photo_camera Una mujer cuida a una persona dependiente. EP

El Estado ha vuelto a costear desde el 1 de abril la cotización de los cuidadores no profesionales de dependientes, un incentivo incluido en la Ley de Dependencia de 2007 que el Gobierno de Mariano Rajoy suspendió en enero de 2013 en el marco de los recortes para atajar el déficit público. A 15 de abril, en Galicia 957 personas se beneficiaban de esta medida, de las cuales 185 se fueron dando de alta en el convenio especial de la Seguridad Social desde inicios del mes con el fin de que el tiempo que dediquen al cuidado de sus familiares se integren a su vida laboral y así generar derecho a prestaciones como la de jubilación o de incapacidad permanente. 

Los otros 772 que ya estaban registrados en el instituto público venían cubriendo por su cuenta la cuota mensual. 

¿Cotizan todos los cuidadores?
Los que están dados de alta son solo una mínima parte de los que se dedican a estas tareas, pues en Galicia a cierre de marzo había 12.810 personas que percibían una ayuda por atender a familiares, una prestación que oscila entre 168 y 426 euros al mes en función del grado de dependencia reconocido, la capacidad económica y las horas de dedicación. En todo el Estado son 409.514, aunque solo 9.910 cotizan a través del convenio especial. 

Pero el Gobierno no cubrirá a todos. En el proyecto de presupuestos generales para 2019 que fracasó en su tramitación se preveía abarcar a 180.000 personas con un impacto de 315 millones de euros.

¿Qué requisitos se exigen?
Esta medida —consignada en el decreto de medidas urgentes para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo publicado el pasado 1 de marzo— está pensada para cubrir a los familiares, mayoritariamente mujeres, que se ocupan de personas con la prestación económica de dependencia reconocida. Para que puedan suscribir el mencionado convenio especial, el cuidador no puede estar cotizando en ningún otro régimen a tiempo completo, en desempleo o percibir determinadas prestaciones como la de jubilación, incapacidad permanente o de viudedad. La solicitud debe cursarse en las oficinas de la Seguridad Social o a través de internet. En ambos casos hay que aportar la resolución de la prestación de dependencia. Si se opta por la base de cotización equivalente al mínimo del régimen general, la cuota será cubierta por la Administración. En cambio, si el cuidador quiere una base superior, pagará la diferencia de su bolsillo. 

Es previsible que muchos se animen ahora a darse de alta. Basta con echar la vista atrás y comprobar que, cuando el Ejecutivo de Rajoy retiró la cobertura de las cuotas, Galicia pasó de tener más de 8.100 cuidadores informales inscritos a unos 2.100 en enero de 2013. 

¿Cuál sería el valor económico de estas tareas?
Ante una labor que dista de gozar del reconocimiento social que se merece, estudiosos como el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Oliva han realizado aproximaciones al coste económico de estos cuidados informales. En un informe publicado hace cuatro años los autores calcularon que el valor oscilaría entre el 1,7 y el 4,9% del PIB español, unas cifras que en Galicia se elevarían a entre el 4 y el 5%, debido a que la atención de mayores por parte de la familia tiene mayor peso. "Ronda entre el 75 y el 80% de los cuidados totales", como indica Oliva. Tomando las cifras del PIB de 2018, estas labores estarían ahorrando entre 2.557 y los 3.197 millones al año al Estado solo en Galicia.

Juan Oliva, Profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la UCLM:
"Es necesaria una mayor dotación de los servicios de respiro y formación"
Coautor de estudios que abordan la relevancia de los cuidados informales de dependientes en España, el presidente de la Asociación de Economía de la Salud y profesor de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan Oliva, sostiene que la recuperación de la cotización de los cuidadores no profesionales con cargo al Estado es una medida positiva, aunque "insuficiente".

En un país en el que por tradición el reconocimiento social de este tipo de labores «ha sido muy escaso", al asumirse que velar por las personas con autonomía limitada "era obligación familiar" —de modo que el Estado solo intervendría en caso de que los allegados "claudicasen" o al no poder costearse la atención privada—, este experto ve necesario "un plan estratégico general" que aborde la formación y el apoyo a estos cuidadores "de manera holística". 

Juan Oliva Moreno.EPAdemás de la cobertura de la cotización, Oliva enmarca en este abordaje integral la mejora de las condiciones fiscales; "una mayor dotación de servicios de respiro" para quienes atienden a un dependiente; programas formativos adaptados y cambios en la normativa laboral. "Sería un primer paso, necesario, pero no suficiente, puesto que el reconocimiento debe ser social, lo cual involucra también al sector privado", constata este investigador.

Con la vista puesta en los cambios en la estructura demográfica que está experimentando España —y que en Galicia se traducen en que la comunidad tiene ahora el número más reducido de habitantes de los últimos 47 años—, el docente constata que apenas hay proyecciones sobre las dotaciones previstas de cuidado informal en un horizonte de 20 a 30 años. "En las pocas existentes, la demanda supera claramente la oferta", en un país en el que se están operando cambios en el modelo de familia hacia unidades con "menos miembros, muchas más personas que residen solas" y mudanzas en los roles femeninos y masculinos.

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