El año pasado se generaron 11.000 avisos en Lugo para limpiar fincas

En 2021 habían sido 45.600 y Medio Rural achaca la bajada a la "maior concienciación"
Tareas de desbroce en una finca. AEP
photo_camera Tareas de desbroce en una finca. AEP

El año 2022 terminó en la provincia de Lugo con 11.007 notificaciones tramitadas a propietarios de fincas para proceder a ejecutar su limpieza de cara a minimizar el riesgo de incendios forestales. Son los datos remitidos desde la Consellería do Medio Rural, que demuestran una considerable bajada (un 75%) respecto al ejercicio previo, cuando se registraron 45.620 avisos solo en la provincia lucense. Desde el departamento que dirige José González achacan el descenso a la "maior concienciación" de la sociedad en materia de prevención. En cuanto a la comunidad, la tendencia es similar, con 108.781 alertas enviadas en 2022 frente a las 351.991 de 2021.

En esta línea, desde Medio Rural ponen el énfasis en el creciente interés por parte de la población a la hora de gestionar sus propiedades, bien ellos mismos o bien de manera subsidiaria a través de Seaga, firma con la que la consellería y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mantienen un convenio desde 2018 y del que se benefician 276 concellos. A través de este acuerdo, la empresa ofrece la opción de limpiar terrenos en las fajas de seguridad —el perímetro de 50 metros que rodea las casas y otras infraestrucutras— en parroquias priorizadas por un precio "vantaxoso" de 350 euros por hectárea trabajada.

En Lugo, son 15 los municipios con parroquias priorizadas —en ellos, la Xunta ve prioritario ejecutar trabajos de limpieza y prevención de incendios—. Son los de Lugo, Sober, O Incio, Ribas de Sil, Ribadeo, Pedrafita, Xermade, A Pastoriza, Folgoso do Courel, Guitiriz, Navia, As Nogais, Pantón, Quiroga y Ribeira de Piquín.

Así mismo, cabe destacar que se han rubricado en Lugo "preto de mil contratos" con cargo al convenio entre Xunta, Fegamp y Seaga, lo que implica hablar de una superficie que, en el caso de los municipios inspeccionados en Lugo, llega casi al 76% del total. En Galicia, la gestión de la biomasa en zonas próximas a núcleos subió como la espuma: de tener en 2019 el 50% de la superficie gestionada a superar el 70% en 2022.

Por otra parte, los municipios con parroquias no priorizadas se podían acoger al convenio a través de la solicitud del propio concello y por un máximo de diez hectáreas al año. Este límite fue eliminado recientemente para otros siete ayuntamientos de Galicia que fueron elegidos como concellos piloto en los que se podrá actuar subsidiariamente en su totalidad. De Lugo solo está As Nogais.

Propietarios ilocalizables

 Más preocupante es el dato de propietarios desconocidos o con los que, desde la Administración, ha sido infructuoso contactar. En este apartado se enmarcan en Lugo, según apuntan desde la consellería, 3.996 parcelas que comprenden casi 269 hectáreas, de las 43.432 fincas que se encuentran en esta misma situación en toda Galicia. Traducido a hectáreas, la superficie se va a las 2.184, 52 repartidas por toda la comunidad.

En estos casos, los responsables de terrenos en los que sea imprescindible proceder a su limpieza, deberán cumplir con lo requerido -gestión de biomasa e incluso retirada de especies arbóreas- "antes de que finalice o mes de maio de cada ano". En caso de incumplimiento, la Administración competente "enviará á persoa responsable unha comunicación", a quien se le concederá un plazo máximo de 15 días naturales para la ejecución de los trabajos. De continuar desatendiendo, a día 1 de abril, la advertencia efectuada en el año anterior, se procederá "de modo inmediato á execución subsidiaria" de la gestión. Así lo especifica la ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales.

¿Quién paga?

Cuando no hay dueño al que atribuirle los gastos derivados de la ejecución subsidiaria, es la propia Administración que lleva a cabo estos trabajos la que soporta el coste de los mismos. En este sentido, la ley fue modificada para que el Gobierno autonómico también pueda recaudar -competencia, hasta entonces, exclusiva de los concellos-, ordenar la ejecución subsidiaria o notificar la liquidación.

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