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La solución al conflicto entre centros de día en Foz la darán informes técnicos

Pleno extraordinario, celebrado este jueves. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Pleno extraordinario, celebrado este jueves. JOSÉ Mª ÁLVEZ
La corporación aprobó por unanimidad revisar los procedimientos y aclarar la denuncia presentada por Aloumiños

 La solución para zanjar el conflicto que se desató en Foz a raíz de la denuncia del centro de día privado Aloumiños a las instalaciones públicas por, según indicaron, ofrecer este último servicios que no figuran en el contrato vendrá de los informes que elaboren los técnicos municipales. Una vez estén elaborados será el pleno el que apruebe la solución definitiva, «para garantir unha residencia e centro de día abertos o maior número de horas posible», subrayó el alcalde, Fran Cajoto, al término del pleno extraordinario celebrado este jueves para abordar este asunto y al que ya no acudió la concejala que dimitió, Verónica Peña. 

En la sesión, la corporación aprobó por unanimidad las premisas planteadas por el PP para la sesión en la que se instaba al equipo de gobierno a aclarar si la concesionaria del servicio público está incumpliendo el contrato o si hay conflicto de intereses de miembros del gobierno, a la convocatoria de la comisión de seguimiento de la residencia y a realizar una declaración institucional en apoyo del servicio municipal.

Durante su intervención en el pleno, el alcalde subrayó que «non existía incompatibilidade» de la edil «porque non era titular de servizos sociais». «Ante calquera votación podía absterse ou saír do pleno, pero nun exercicio de responsabilidade e transparencia e para non danar a imaxe do equipo de gobierno dimitiu», aseguró y criticó al portavoz del PP, Javier Castiñeira, el no haberse puesto en contacto con el gobierno para abordar este tema: «Está usando a demagoxia neste tema, poñendo paus nas rodas e danando a imaxe do goberno facendo unha oposición que non é a que se merece Foz». Cajoto anunció la moción de urgencia que se debatió en el pleno ordinario de anoche para zanjar esta polémica y explicó su voto a favor de las propuestas del PP para «aclarar esta situación aos veciños e non facer máis política con este asunto». También indicó que habló con la consellería, la residencia y el trabajador social «para transmitir tranquilidade».

Por su parte Castiñeira calificó de «grave» la situación desencadenada y subrayó la importancia de «que sea investigado» si las instalaciones públicas están prestando servicios que no están establecidos en la ordenanza. Además, señaló como un problema «a acusación de pasividad da concelleira ao seu compañeiro (en referencia al alcalde)». También aludió a la concejala de servicios sociales, Ana Matea Rojo, «que foi incapaz de solucionar o problema coa súa compañeira e tamén debería sumir responsabilidades», así como al BNG «polo seu silencio» en este asunto. 

Desde el BNG, el concejal Iago Villamil reconoció que desde la formación siempre vieron que esto sería un «problema potencial, pero é legal». «Tratamos de ser serios e remitirnos aos feitos: houbo unha empresa que denunciou e a concelleira presentou a súa dimisión, polo que o tema está solucionado porque a residencia funciona ben», dijo y subrayó que esta situación es «un asunto técnico que ten un foro no que se debería debater e non aquí». El nacionalista también reconoció que los procedimientos a la hora de aumentar servicios en el caso de la institución pública «poden ser mellores». 

El edil de Foz, Plataforma de Futuro (FPF), Víctor Couto, subrayó que la dimisión de la concejala demuestra que «este tema é máis grave do que parece», pero incidió en que lo importante era aclararle a los vecinos en que términos se están prestando los servicios en la residencia y el centro de día que son públicos. 

Durante la sesión plenaria también tomó la palabra la concejala de servicios sociales al ser aludida por el portavoz popular en su intervención. Así, Rojo explicó que el gobierno «non ten ningún interés neste asunto, nin oscurantismo». «Hai un procedemento que é o que hai que seguir e eu como concelleira teño que deixar que sexan os técnicos os que resolvan esta situación e niso están», dijo. 

Más allá de la polémica surgida a este respecto, todos los concejales de la corporación estuvieron de acuerdo en que el servicio que presentan las instalaciones públicas son buenas. Desde el equipo de gobierno insistieron en que no hay ninguna queja. 

Un pleno con muchas críticas
La petición de un pleno extraordinario fue motivo de crítica por parte de unos y de otros por motivos diferentes. 
Político y estéril 
Socialistas y nacionalistas coincidieron en no ver la utilidad de la sesión. El alcalde insistió en que el tema podría abordarse con una moción de urgencia en el pleno ordinario y subrayó que se convocó el mismo día que el ordinario porque así sólo se cobrar por una de las sesiones. «Trátase dun pleno político e sen obxecto ao que non lle hai que dar sobrecusto ningún», dijo. También Villamil, calificó de «estéril» la sesión. «Esperemos que no resto do mandato os plenos extraordinarios estean perfectamente motivados», subrayó.
A deshora y urgente 
Para el PP, el pleno fue convocado con una urgencia innecesaria y se hizo a una hora en la que no pudieron acudir dos de sus ediles. Para Castiñeira este pleno se hizo «porque están desexando pasar páxina». 

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