La plataforma de firmas auxiliares de Alcoa en San Cibrao expresó este domingo su apoyo a la manifestación convocada para este miércoles 26 en Lugo por el comité de empresa y hace un llamamiento a secundarla.
El colectivo subraya que "estamos na recta final do proceso de alegacións ao estatuto das electrointensivas e debemos mandar unha mensaxe forte e clara ao Goberno para que atendas as reclamacións dos diferentes sindicatos".
También agradece la invitación de la Vicepresidencia de la Diputación para participar en una reunión conjunta con el comité, reconociendo así la representación de los trabajadores de las auxiliares, y al comité por invitarles a sumarse a la protesta.
El Partido Popular de Galicia y de Asturias se reunieron este lunes para poner en común las preocupaciones que ambos comparten sobre la situación de la industria en sus comunidades y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que «deje de buscar excusas, escuche a los trabajadores y a las empresas electrointensivas y tome medidas que mejoren el estatuto para no abandonar a su suerte a las empresas ni a sus trabajadores.
EN RIESGO. Los populares creen "insuficiente" el estatuto, explicó la portavoz en la junta del rincipado, Teresa Mallada, tras la Comisión de Industria. El conselleiro de Economía e Industria gallego, Francisco Conde, acusó al Gobierno de "escudarse en la transición energética para desmantelar la industria en España". Conde cree que la situación es de "profunda crisis energética sin precedentes", que pone en riesgo 1.200 empleos directos y 5.000 indirectos en A Mariña lucense y que supondrá el cierre de Alcoa y la inviabilidad de otras empresas electrointensivas. Por ello, pide a Sánchez, en sus alegaciones, que "no busque excusas en la Comisión Europea".
Mallada precisó que hacer la industria competitiva pasa por reducir los precios del megavatio/hora de la electricidad, reconocer la figura del consumidor hiperelectrointensivo para diferenciar a las empresas a través de exenciones fiscales y garantizar el incremento de las ayudas por emisiones de CO2" a través de un Real Decreto Ley que dé margen a las empresas para saber con qué aportación pueden contar desde principio de año. Cree que Sánchez no quiere trasponer la normativa europea a la española porque exigiría más aportación a las industrias.
