Investigan un presunto cohecho al allanar una vivienda en A Pontenova

El juzgado de Instrucción número 2 de Mondoñedo ha admitido a trámite la querella presentada por mayores que residen en una casa alquilada del núcleo de Vilaoudriz (A Pontenova), tres familiares suyos y la gerente de una vivienda comunitaria próxima. La investigación tiene como fin concretar si los inspectores de Servizos Sociais que accedieron al inmueble, a los que atribuyen un presunto allanamiento de morada y contra la intimidad,  también cometieron un delito de cohecho y por qué razón. Los denunciantes declararán este viernes en la sede judicial.

Los afectados acusan a los inspectores de acceder el 4 de abril de 2022 sin permiso al domicilio en el marco de una inspección a la vivienda comunitaria, así como a la trabajadora social del Concello por supuestas presiones que ejerció después sobre los cinco particulares para que abandonasen la casa, aduciendo que eran órdenes de la subdirectora xeral de Autorización e Inspección de Servicios Sociais, a la que también ven responsable.

Los afectados y sus familias solicitan dos años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta en el ejercicio público de sus funciones para cada inspector por el presunto delito de allanamiento de morada y violación de la privacidad e intimidad. Por el de prevaricación piden inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años para todos los citados. Por el de abuso de autoridad, que atribuyen a un inspector, reclaman multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros.

Para la trabajadora social, la subinspectora y dicho inspector también solicitan por el presunto cohecho, una pena de prisión de tres años, multa de 24 meses con diez euros diarios de cuota e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.

En cuanto a la responsabilidad civil, piden que les indemnicen de forma solidaria y conjunta por el daño cometido y su restitución en la cuantía que determinen los informes forenses, sin perjuicio de que soliciten los intereses.

Los denunciantes aseguran que los inspectores, abusando de su poder revolvieron las pertenencias y dependencias de los mayores, a los que reunieron en una sala sin darles explicación ni identificarse. Señalan que el inspector, alertado por un trabajador de la vivienda comunitaria próxima de que no revolviese los objetos personales de un morador que no se hallaba en el domicilio ni recibe asistencia social, le contestó que "hacía lo que quería, que para eso era el inspector", y fuera de la casa le dijo a la gerente de la vivienda: "Voute arruinar, xa o verás". Su empresa les presta ayuda, igual que los familiares, que también les visitan cuando quieren al residir cerca, la mayoría en el municipio.

Los querellantes añaden que entraron sin permiso en el domicilio privado, "que nada tiene que ver con el objeto de inspección", y que ni ellos ni sus familiares recibieron notificación de la Xunta. 

Presiones

Además, los familiares dicen que en junio y julio recibieron presiones de la asistenta social, quien les habría indicado que eran órdenes de la subdirectora de Santiago y que los mayores tenían que marcharse del domicilio. "Esa presión hizo mella en alguno de mis representados, deteriorando sus facultades cognitivas por la ansiedad sufrida", relata la letrada Verónica Díaz.

Cuando buscaron ayuda de la asistenta social para que no quedasen abandonados, "se limitó a certificar que el Concello no podía prestar el SAF ao non dispoñer de persoal suficiente e existir lista de espera". Agrega que el hostigamiento cesó cuando una familiar le pidió por escrito la orden de Santiago. Afirman que también les dijo a los mayores que "se tenían que ir" pese a no existir motivo, pues «pagan su renta, sus suministros y no cometen ningún ilícito". La misma empleada acudió en julio al domicilio para que firmasen unos papeles, cuyo contenido desconocen y aún no se los entregaron pese a pedirlos.

"Esta situación ha generado daños de difícil reparación" al provocarles estrés, que los desequilibró causando deterioro de sus facultades y ánimo, dado que tienen entre 82 y 96 años, sintiéndose "intimidados por los funcionarios", dice la querella. Desde entonces "un chora tódolos días, outro pasou 15 días facendo as maletas e outro perdeu cognición", apunta la abogada.

La letrada asegura que los inspectores conocían la existencia de un contrato privado de alquiler y "deberían respetar los derechos fundamentales de los inquilinos, que no son usuarios de la vivienda comunitaria, como se les manifestó". Por ello, pide que se investigue si la entrada en la casa se hizo por intereses particulares del inspector u otros intereses espurios y se cometió cohecho.