Barcos de Burela reclaman al Estado 205.000 euros por prohibir el marrajo

El veto a su comercialización inmovilizó cientos de toneladas capturadas de forma legal

OPP7 OBSERVADOR A BORDO
photo_camera Un observador a bordo de un palangrero examina dos marrajos dientusos. LOGAIDEA

La Organización de Productores Pesqueros de Lugo ha presentado una reclamación por vía administrativa ante los ministerios de Transición Ecológica, Pesca y Comercio al estimar que la Administración General del Estado tiene responsabilidad patrimonial al haber prohibido la comercialización del marrajo dientuso capturado durante el pasado año y que se está almacenado en cámaras de congelación al no conseguir los permisos de exportación que debe expedir Transición Ecológica.

Según los pescadores lucenses, la contradicción y descoordinación entre los tres ministerios ha sido continua a lo largo del 2020 y no existió desde la Administración central ninguna resolución ni comunicación de cierre ni de limitación de las capturas, dirigida al sector pesquero. Ahora el OPP Lugo, en representación de cinco armadores perjudicados, solicita la reclamación por importe de 205.000 euros.

La OPP agrupa a 15 palangreros de superficie pero solo cinco tienen marrajo retenido. El gerente, Sergio López, dice que el problema afecta al capturado en el Atlántico Norte, donde ahora España y Portugal prohiben pescarlo. De momento no se sumaron otras organizaciones pesqueras, aunque Orpago podría también reclamar perjuicios. Otra gran parte de la flota de A Guarda, Vigo y Marín pesca en el Atlántico Sur, Pacífico e Índico, sin veto.

"Las capturas son completamente legales —dicen los armadores—, al estar cumpliendo las directrices pesqueras gestionadas por la ORP (Organización Regional de Pesca) ICCAT, que es la responsable en la gestión y conservación de esta especie en el Atlántico para todos los estados miembros (o partes contratantes)". Señalan, además, que "no tiene sentido, aunque se pretenda usar como argumento la sostenibilidad de la especie, el veto o la prohibición de comercializar el marrajo capturado de forma legal, ya que lo único que consigue es un perjuicio a las empresas, cuando el marrajo ya está procesado".

La reclamación económica se basa en el valor estimado de la venta no producida, en base al precio medio anual, más el coste del frío de almacenamiento en cámaras. También tienen pendiente de valorar "lo que consideramos el lucro cesante y los gastos financieros provocados". La flota espadera —en realidad ahora la tintorera es la principal especie pues el pez espada escasea—, se enfrentó en 2020 a caídas de demanda y precios por la pandemia.

Por otra parte, la Federación Galega de Confrarías convocó para el mediodía del día 14 otro paro de la flota y el marisqueo a pie, en protesta por el reglamento de control de obliga a la geolocalización.

Más perjuicio si debieran destruir lo que está congelado
El perjuicio todavía podría empeorar para las empresas armadoras pues, además de que con el paso de los meses el producto deja de tener valor comercial, la OPP Lugo reconoce que "lo que más preocupa a las empresa es que además tengan que hacerse cargo de la destrucción de las cantidades almacenadas, lo que agravará considerablemente los costes".
Desbloqueo
La flota palangrera solicita autorización para comercializar lo ya capturado, desembarcado y almacenado.
21.589 kilos
Entre las cantidades retenidas se encuentran los marrajos capturados con observador científico a bordo, "cuestión importante a tener en cuenta ya que de acuerdo con la Recomendación 17-08 de ICCAT y los permisos de pesca del mapa para 2020 señalan que podrán retenerse los ejemplares de esta especie que lleguen muertos al costado del buque siempre que se lleve observador a bordo", indica la OPP Lugo.

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