Los vecinos del edificio número 6 de la calle Mar Cantábrico de Burela sobre los que pesa una orden de desalojo de la Sareb para el próximo mes de enero llevan años afrontando problemas en el inmueble que ellos mismos deben arreglar. El mal estado de las tuberías, que provoca continuas fugas, es uno de los principales.
"En 24 horas encheuse a entrada de auga e despois seguiu habendo fugas por outros sitios", explica uno de los inquilinos con desperfectos en la entrada y en un baño. "Cando me chamaron para vir pintar, non puido ser porque volveu botar auga polo teito e mollouse todo outra vez", explica, y de hecho en el pasillo tiene colocado un cubo para recoger el agua debido al agujero que hay en el techo. "O fontaneiro díxome que había que cambiar toda a tubería que é de cobre e saíu moi mala e cada pouco está dando problemas", explica el afectado.
En este caso particular, la esposa del hombre tiene una discapacidad del 86%, por lo que buscar otra vivienda se le complica, además ya hizo inversiones en la casa para adaptarla a las necesidades de la mujer. Aun con todo, explica que si encuentra algo se irá porque la situación se hace insostenible. "Agora non podemos usar a calefacción porque se apaga seguido pois non hai presión e ademais se consegues encendela quédaste sen auga quente", indica.
En estos momentos tiene solicitado un piso del alquiler de protección oficial de promoción pública, pero reconoce que "é complicado porque hai máis casos e aos tres anos se non renovas a petición, cadúcache". En su caso sería en noviembre de 2024.
En las zonas comunes, el inmueble presenta humedades o interruptores sin embellecedores y los extintores tampoco tienen la revisión al día
La situación que se da en este piso en concreto se reproduce en muchos otros que están ocupados. "Hai xente que ten toallas polo chan para a auga", indica este vecino.
Y en las zonas comunes, el inmueble presenta humedades en las paredes o interruptores sin embellecedores y los buzones están en mal estado con algunas puertas incluso desvencijadas. Tampoco los extintores están al día en la correspondiente revisión, por lo que si hubiera un incendio no hay seguridad de que puedan funcionar correctamente. "Aquí ninguén se fai cargo de nada, ata a limpeza a temos que facer nós se queremos ter isto algo decente", explica un afectado.
Además, un temor que afrontan ahora es que el contrato para el mantenimiento de los ascensores termina a finales de año y no saben si dejarán de estar en funcionamiento, con lo que complicaría su día a día.
ESPERANZA. Los afectados tienen la esperanza de que la mediación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) pueda solucionar la situación. Y es que según confirmó la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda el edificio está calificado como de protección autonómica hasta enero de 2029. Aparte, ya avanzó que "velará" por el cumplimiento de la normativa en este sentido.
Desde el Concello de Burela, la concejala de servicios sociales, Carmela López, también avanzó que se interesarán en la Xunta por la situación y que intentará prestar ayuda de alguna manera a los afectados. En este sentido, López matizó que se asesoró a la familia con una persona dependiente a través del agente de desarrollo local. Los vecinos lamentan sin embargo que el Ayuntamiento no tenga una mayor implicación para ayudarles con este asunto.
