Doce meses después del parón repentino de la térmica de As Pontes su futuro sigue lleno de incógnitas. El frenazo en la producción llegó sin avisar a finales de abril de 2019, debido al aumento del precio del CO2 en el mercado y después de que Endesa anunciase una inversión de más 200 millones de euros para adaptar la central pontesa a la nueva normativa de emisiones europea (DEI). Un año después, y ante un panorama bastante más negro que en aquel mes de abril -la eléctrica solicitó el cierre de la central en diciembre-, las dudas sobre lo que vendrá siguen siendo muchas. ¿Es el fin de la central, que camina hacia su desmantelamiento, o se abre una nueva época para la instalación pontesa con una apuesta por los biocombutibles?
El Gobierno, las eléctricas y los sindicatos estatales firmaron este viernes el convenio de transición justa, un documento que llevaba meses en el aire y que por fin se materializa, marcando una hoja de ruta para el futuro laboral e industrial de la zona si la central echa definitivamente el cierre. Plan A. Pero el éxito de las pruebas con biocombustibles, tal y como recuerda el acuerdo ratificado este viernes, "podría permitir la reversión total o parcial del cierre de la planta". Plan B.
No hay fechas para las pruebas con biocombustibles, tras la crisis del coronavirus se pararon las obras de la DEI
Los procesos para esas pruebas con biocombustibles que buscan dejar a un lado poco a poco el carbón siguen adelante, pero lo que no está asegurada es la fecha. Si antes de la crisis del coronavirus se anunció por parte de Endesa que se harían entre mayo o junio, cuando estuviesen finalizadas las obras de la DEI, fijar un momento concreto es ahora casi imposible. Según fuentes de Endesa, las obras de la desulfuradora -clave para las pruebas- se reiniciarán "próximamente", ya que hay equipos y personas que tienen que viajar desde otros países. Además, los procesos de pruebas exigen la presencia de todas las partes, algo que por ahora no es posible.
EL CONVENIO. El acuerdo ha sido firmado por las ministras de Transición Ecológica y Trabajo, Teresa Ribera y Yolanda Díaz, las empresas Endesa, Naturgy e Iberdrola y los titulares de las secretarías generales de CC.OO. Industria y UGT FICA. El documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y "anticipar y mitigar los efectos negativos del cierre de las plantas".
En el acuerdo, las eléctricas se comprometen a realizar nuevas inversiones, planes de recolocación, priorizar a los empleados de las subcontratas en las tareas de desmantelamiento, buscar nuevos inversores o desarrollar un plan de apoyo. Y el Gobierno, por su parte, se implica con facilidades para la búsqueda de apoyos financieros, la regulación de la capacidad de acceso a la evacuación de las centrales cerradas, la búsqueda de inversores, la promoción de políticas energéticas para implantar otras industrias o políticas laborales como considerar a los trabajadores "colectivo especial" para facilitar su reinserción y ofrecerles formación. El acuerdo incluye una mesa que se reunirá cada seis meses para evaluarlo todo.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, destacó que este programa traerá "nuevas inversiones" y facilitará que "se siga manteniendo el empleo" y se tenga posibilidad de "futuro" a través de "una transición justa" con una "búsqueda colectiva de soluciones" para conseguir la conversión de las centrales de As Pontes y Meirama.
Desde Endesa aseguran que es un acuerdo "coherente". "Valoramos de forma especialmente positiva que haya contado con las aportaciones de los agentes sociales, económicos y ambientales del territorio, pues esto ha permitido incorporar elementos clave a tener en cuenta y difíciles de obtener sin su colaboración", expresan.
Y en As Pontes, el regidor, Valentín González Formoso, destaca que el convenio tiene "muchos aspectos positivos" pero también "mucha incertidumbre". "Se oficializa la situación de las auxiliares y va a haber una mesa donde van a ir viendo que todo esto se cumpla. Y eso es un gran avance", dijo, pero exigió "voluntad real" de la eléctrica con las pruebas para intentar que la central "se convierta en un instrumento de solución ambiental".
