El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió que el decreto del carbón, que entrará en vigor en los próximos días, no supondrá «una amenaza de futuro para las centrales gallegas», que definió como «esenciales» para el sistema eléctrico español.
Zapatero, ante el pleno del Congreso de los Diputados y tras una pregunta del BNG sobre la posibilidad de reformar el decreto del carbón, no entró a valorar cambios en la normativa, pero lanzó un «mensaje de tranquilidad a las comarcas y a las centrales gallegas» que, según sus palabras, sufrirán un «efecto limitado y transitorio» de la nueva norma.
El presidente del Gobierno apeló a la «buena disposición» del Ejecutivo para analizar «medidas complementarias y propuestas alternativas que redunden en beneficio de nuestra economía» y recordó que el Ministerio de Industria creará una comisión de seguimiento, en la que estén «representados ayuntamientos, empresas y sindicatos afectados» para evaluar los posibles efectos.
La comisión, convocada para ayer tras la reunión de los alcaldes de As Pontes y Cerceda el pasado viernes, cuando el ‘camiño mouro’ llegó a Madrid, fue aplazada y finalmente se celebrará mañana a las 11.00 horas en el ministerio.
Zapatero defendió el decreto del carbón como una «medida de carácter transitorio» necesaria «para evitar la pérdida de una fuente autóctona de energía» en un momento de crisis económica, que supuso una caída del 4,7% de la demanda de electricidad en 2009, y recordó que esta regulación fue ratificada por la Unión Europea.
Las palabras del presidente fueron insuficientes para el diputado del BNG Francisco Jorquera, que pidió «compromisos máis precisos» porque Galicia puede perder 3.000 puestos de trabajo y pasar a ser «deficitaria» en producción eléctrica, y levantaron las críticas en la oposición.
La Xunta y el BNG acusan al Gobierno central de «non trasladar a información correcta» sobre el decreto y de cambiar el discurso, los primeros, y de querer «ocultar unha realidade inocultable», los segundos. Sin embargo, y pese a posicionarse en el mismo lado, los nacionalistas reclaman al Gobierno gallego «unha actitude máis intensa dende o punto de vista político para garantir a actividade» en las térmicas de As Pontes y Meirama e instan al Gobierno de Zapatero a dar «marcha atrás» en la puesta en marcha del decreto.
«Pasou de dicir que non se afectaba absolutamente a actividade das centrais a admitir que haberá un impacto e a volver dicir que non», criticó el conselleiro de Industria, Javier Guerra, en referencia a la defensa de Zapatero sobre la ausencia de amenazas para las térmicas, y recordó que la propia Comisión Nacional de Enerxía «explicou claramente que se van ver afectadas». «Nós imos seguir o noso camiño de defensa dos intereses públicos galegos a través dos tribunais porque non temos ningunha alternativa, xa que o Goberno non dá outra», añadió.
Comisión
La comisión de seguimiento estará formada por doce personas: los alcaldes de ambas localidades; cuatro representantes del Ministerio de Industria y uno de Fomento; un directivo de Endesa y otro de Gas Natural, titulares de las plantas; un portavoz de los transportistas y los presidentes de los dos comités de empresa (CIG en Meirama y UGT en As Pontes). «Non están convocados tódolos sindicatos como é o procedemento habitual», critican desde la CIG, y subrayan que Zapatero dijo «sindicatos e non comités».
