La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, han renovado el convenio de colaboración para ceder viviendas de alquiler social a más de 80 familias.
Con la ampliación del acuerdo firmado en 2015, se prolonga por tres años más, hasta 2022, la cesión de viviendas de la entidad financiera para destinarlas a arrendamiento social por parte de la Administración autonómica. Así, la Xunta facilitará que continúen residiendo en sus viviendas, en régimen de alquiler social, familias afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Asimismo, el nuevo convenio establece la posibilidad de cesión de nuevas viviendas por parte de la entidad, que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) destinará a atender casos de emergencia social. Esta medida es acorde con los fines que establece el programa Realoxo de afectados por ejecuciones hipotecarias, con el que se pretende dar una respuesta a aquellas personas que perdieron su vivienda. Así, se facilita un inmueble propiedad del IGVS o cedidos a la Xunta por las entidades financieras.
BONO DE ALQUILER SOCIAL. La conselleira recordó que para aquellos casos que necesitan de un apoyo urgente, se cuenta con el Bono de Alquiler Social. Se trata de una ayuda con un importe máximo de 225 euros mensuales que se concede por un periodo de 12 meses prorrogables hasta un total de tres años. Además, incluye una ayuda única adicional de 600 euros para hacer frente a los pagos atrasados o a los gastos de formalización de un nuevo contrato.
El consejero delegado de Abanca, por su parte, reiteró que la entidad se suma de nuevo al convenio al considerar que es "una herramienta positiva" para ayudar a las personas que atraviesan situaciones de dificultad relacionadas con su vivienda". Botas aseguró, además, que Abanca seguirá adoptando todas aquellas medidas que permitan aportar soluciones a ese problema.
