Unións Agrarias (UU AA) pedirá una reunión al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarle las problemáticas que afronta el lácteo gallego, al asegurar que los ganaderos están percibiendo un "precio arbitrario" de unos 28 céntimos, unos cuatro por debajo del que se registra en el mercado mundial.
El objetivo del sindicato es que Feijóo, que se presentó como "garantía" del acuerdo para la sostenibilidad del sector, medie para combatir esta situación, a la que se añade la "imposición" de contratos "a la baja" por una duración de un año, sin tener en cuenta eventuales subidas del valor de la leche, y la "ruptura" del pacto con la distribución con la venta de bricks por debajo de 65 céntimos. El responsable de la organización, Roberto García, en rueda de prensa, ha anunciado además la presentación de una denuncia ante la agencia alimentaria y la consellería con competencias en materia de comercio por la compra "a pérdidas" de la industria.
Roberto García: "Se está abonando un precio político, no de mercado; se está imponiendo una de las partes y el Gobierno no puede mirar para otro lado"
La central reclama, también, que en un periodo de tres meses esté aprobado el decreto sobre identificación del origen de la leche, que estipule también un "coste sostenible", es decir, mínimos. "Hasta ahora tenían la disculpa de un Gobierno en funciones, pero ahora ya no la hay", ha señalado. García ha dicho que "se echó en falta" en la ronda de encuentros por Madrid una cita de Feijóo en el Ministerio de Agricultura, en un panorama en el que las granjas de Galicia, según denuncia, se enfrentan a la deslocalización de la producción y ausencia de regulación.
También ha cuestionado la legalidad de que se destinen fondos públicos el modelo de macrogranjas implantado en localidades como Soria, por sus repercusiones medioambientales. Ha censurado, igualmente, el "coste fiscal desmedido" que Hacienda establece para la percepción de ayudas por planes de mejora e incorporación de jóvenes a esta actividad. "Estamos dedicando fondos comunitarios para financiar a Hacienda", ha lamentado. Por último, ha añadido que la industria "está indexando" sus precios al Observatorio Galego por ser en esta comunidad en la que se paga menos, ante lo que ha solicitado "actuaciones legales".
"EL GOBIERNO NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO". "Se está abonando un precio político, no de mercado; se está imponiendo una de las partes y el Gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que hacer de árbitro", ha resumido.
Por último, sobre el cierre de explotaciones, ha afirmado que le "preocupa" el discurso de la Xunta, cuando en Galicia "desaparecen el doble que en toda España", y ha incidido en que los precios actuales no aportan "tranquilidad" con respecto a la viabilidad de las que sobreviven.
