Alrededor de una veintena de trabajadores del Aula de Produtos Lácteos -dependiente de la USC- aguardan con incertidumbre el final de año, cuando expiran sus contratos, para saber qué pasará con su futuro laboral. La Universidad tiene que decidir qué solución les da en un momento en que está revisando la situación de decenas de investigadores contratados y, al mismo tiempo, gestiona la fusión del Aula de Productos Lácteos con el Centro Tecnolóxico Agroalimentario (Cetal).
Buena parte de los trabajadores del Aula de Produtos Lácteos llevan varios años vinculados al centro de investigación, algunos incluso desde que se puso en marcha en los años 90. Según Enrique Tacón, de CC.OO., una representación de los trabajadores se reunió ya con la vicegerenta del campus de Lugo, Carmen Varela Prado, y tiene pendiente una próxima reunión con el vicerrector del campus de Lugo, Pedro Herradón, que prefirió no hacer declaraciones sobre la situación de este grupo de personal hasta haber mantenido el encuentro con ellos. «Esperemos que se lles dea unha solución», indica Tacón.
La situación no es singular en la USC, donde cientos de investigadores ligados a proyectos -unos 150 en Lugo, según estimaciones de CC.OO.- se están organizando para negociar su situación después de que la Universidad incluyera una cláusula en las últimas cuatro convocatorias de contratos de investigación que excluye automáticamente a quienes acumulen 36 meses de vinculación laboral con la USC o 24 meses en un período de 30. Según las leyes actuales, cuando se superan estos plazos la contratación deviene indefinida automáticamente y la USC no quiere asumir esa posibilidad.
Esta cláusula deja fuera a muchos investigadores vinculados a grupos universitarios y tanto ellos como los representantes sindicales o el comité de empresa piden su retirada como paso previo a otras negociaciones sobre las condiciones de trabajo de este colectivo.
Representantes del gobierno de la USC señalaron en anteriores ocasiones que esta medida es consecuencia laboral recientemente aprobada, pues no contempla las particularidades de los contratos de investigación y exige la incorporación de estos trabajadores, algo que, dicen, la universidad no puede asumir. Sin embargo, la presidenta del comité de empresa, Carmen Xove, señaló su discrepancia «coa lectura da lei que fai a USC porque o obxectivo é crear emprego e que os traballadores que leven tempo contratados pasen a fixos, pero non o contrario».
Xove aseguró que el problema viene de lejos y que la única novedad es la cláusula de exclusión incorporada a la oferta de contratación. Añadió que se está intentando «buscar unha solución a través do diálogo e a negociación», aunque algo más de una decena de personas han acudido al juzgado para denunciar su situación. En todo caso, Xove lamenta que debido a esta situación «se perda toda a experiencia desta xente e toda a súa formación».
Según Enrique Tacón, en el amplio espectro de contrataciones de investigadores se producen casos diversos, desde el encadenamiento prolongado hasta contratos fraudulentos porque se hacen para una labor concreta aunque luego el contratado ejerce otras distintas.
Los representantes sindicales creen que en cualquiera de los dos casos una denuncia en el juzgado podría desembocar en la nulidad de los despidos, lo que conllevaría la reincorporación, o en la declaración de improcedentes, con la consiguiente indemnización.
