Un informe jurídico dice que el Plan del Litoral es ''contrario a derecho''

Vulnera lo dispuesto en la Lei de Ordenación do Territorio de Galicia, es "irrespectuoso" con la autonomía local, proporciona a la Xunta un margen de decisión "discrecional" que podría derivar en actuaciones "arbitrarias e injustas" y no cuenta con el imprescindible estudio económico.

Esas son, entre muchas otras, algunas de las "irregularidades" detectadas en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de la Xunta por los juristas Enrique Sánchez Goyanes e Ignacio Sanz, que elaboraron un informe a petición del Instituto Galego de Estudios Europeos e Autonómicos (Igea), que preside Anxo Quintana.

El informe, divulgado este sábado, fue encargado por el instituto a los dos juristas, especialistas en Derecho Urbanístico y en él se concluye que el plan remitido a los ayuntamientos --que está pendiente de su aprobación inicial-- "adolece de una serie de irregularidades que, desde el punto de vista jurídico, lo haría contrario a Derecho". La primera de ellas, es que haya sido tramitado sin haber aprobado previamente las directrices de ordenación del territorio (DOT), lo que implica vulnerar lo dispuesto en la Lei de Ordenación do Territorio de Galicia.

En relación a dicha ley, los juristas aprecian que el texto elaborado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura se "extralimita" en sus contenidos, con una "insuficiente" regulación respecto a su convivencia con los planes urbanísticos municipales. De hecho, el informe considera que el POL es "irrespectuoso con la autonomía local", ya que "no deja margen alguno para que los concellos afectados gestionen las competencias en la materia que tienen legalmente atribuídas".

Así, no es un simple referente sino que constituye una "imposición de un compleo y cerrado régimen urbanístico de usos y normas de protección" que, en la práctica, "suplanta el planteamiento municipal y deja al margen a los concellos". El texto, a decir del informe, deja más potestades de las permitidas en manos de la Xunta, lo que provocará "decisiones arbitrarias e injustas, inseguridad jurídica y pondrá en entredicho el principio de igualdad de trato".

"El POL pretende otorgar una enorme margen de maniobra a la Administración autonómica para que, valorando caso a caso, las circunstancias que justifiquen su autorización con las cautelas que procedan en atención a sus particularidades, decida o no autorizar un uso concreto para lo que se solicite su autorización", alertan.

Posible nulidad
Otra de las irregularidades que detectan los juristas autores del informe del Igea es que el texto no contiene el "imprescindible estudio económico y el documento que acredite su sostenibilidad económica". Este hecho, recuerdan, está siendo "sancionado sistemáticamente por los tribunales con la nulidad de estos planes", como ya ocurrió con el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote el pasado año 2009 o --en el ámbito gallego-- con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Gondomar en el año 2001.

"Ambos planes han sido anulados ante la Justicia por carecer de estudios económicos de acuerdo con lo que esige la legalidad vigente", advierte el informe. Finalmente, critican que el POL --tal como está redactado en la actualidad-- tampoco fija un régimen transitorio necesario para regular la aplicación paulatina de la nueva normativa, cuestión básica para la aplicación de las nuevas reglas cuando colisiones con situaciones ya existentes o que puedan surgir antes de que el plan entre en vigor.

"Este régimen transitorio nos parece indispensable para la correcta puesta en marcha y aplicación futura, no solo del POL, sino del conjunto de los instrumentos de ordenación de todo tipo, hoy en vigor, que afecten al territorio ordenado por aquel. La seguridad jurídica y cierto respecto por los derechos adquiridos y por los procedimientos en marcha demandan este régimen transitorio", concluyen.