DURANTE DÉCADAS, los cuerpos policiales estatales y la agencias federales de investigación de EE.UU. cosecharon fracaso tras fracaso en su lucha contra el crimen organizado. Los clanes mafiosos medraban entre la impunidad más absoluta y el estupor generalizado de una sociedad que veía como, invariablemente, la mayoría de los grandes capos salían indemnes de cualquier acusación. Muchos de ellos incluso se habían podido dar le lujo de convertir el alarde del delito y el exhibicionismo de sus beneficios en un sello personal, como si fueran estrellas de un Gran Hermano VIP del crimen.
Fiscalía, FBI y Policía de todos los pelajes eran ridiculizados públicamente con cada sentencia absolutoria. Las condenas que conseguían eran apenas arañazos sin trascendencia para la organización, y se limitaban a sicarios de medio pelo que cargaban con las culpas de un robo o un asesinato determinado cometido con especial torpeza. Pese a la evidencia y el convencimiento general de que habían cometido esos delitos cumpliendo órdenes y bajo el amparo de las familias mafiosas, rara vez se podía llegar hasta la cúpula. Todo se quedaba en mero "asunto personal".
A falta de una ley Rico, lo que tenemos es una ley para ricos
Aún en los raros casos en los que se conseguía empapelar a alguien de relevancia en el escalafón, casi siempre por un exceso de confianza en la impunidad acompañado de un pavoneo engreído, su torpeza no le impedía seguir manteniendo su posición gracias al control de ingentes cantidades de dinero ilícito fuera del alcance de las autoridades y a disposición de la organización. Otro asunto personal.
El bochorno y la indignación eran, sin embargo, generales. Ante la evidencia de que ni todos los recursos policiales disponibles serían suficientes sin un instrumento legal eficaz, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley Federal contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas, conocida como ley Rico por sus siglas en inglés. En esencia, determina la persecución de cualquier actividad criminal cometida como parte de una organización y permite acusar a los responsables de dicha organización de los delitos cometidos por sus miembros si se demuestra que estos conocían, autorizaban o amparaban esas actividades.
Esta norma cambió la lucha contra la mafia. A partir de entonces, los agentes se afanaron en descubrir y documentar las estructuras jerárquicas de las familias mafiosas, sabedores de que si uno de sus soldados era detenido y podían vincularlo directamente con la cúpula, esta podía ser condenada. Fue un punto de inflexión tan marcado que aún hoy, 45 años después, sigue siendo una pesadilla para el crimen organizado y se ha extendido a todo tipo de organizaciones, incluidas corporaciones y empresas.
Sus efectos fueron tan decisivos porque, además de las penas correspondientes, incluye que todos los condenados bajo esta ley pierden su derecho a disponer del dinero obtenido como resultado de su acción delictiva y de los intereses de este. Por último, todas sus propiedades pueden ser embargadas por el Gobierno. Es decir, se trata de aplicar la mejor de las soluciones, la prevención: que el riesgo del delito se iguale, al menos, a sus beneficios potenciales.
La ley Rico, evidentemente, no acabó con el crimen organizado, pero sigue metiendo miedo. Algo que no tienen determinados delincuentes en un país como este, que se nos está llenando de asuntos personales. Tantos que hace tiempo que deberían estar siendo tratados como colectivos.
Por aquí el problema ya no es siquiera de impunidad, que parece asumida entre la resignación general, sino de alarde y pavoneo. Empezó siendo ético y, de tanto usarlo, se ha convertido en estético. Cada uno de los casos que saltan a las portadas acompaña las cifras robadas con las risas de sus autores. No es un atraco, es un cachondeo.
Ser corrupto en este país sale demasiado barato, pero amparar esa corrupción sale gratis. Mientras las organizaciones que han conocido, facilitado e incluso ordenado el saqueo puedan seguir conservando su estatus y su poder y disfrutando de los beneficios del delito sin miedo, todo será un insulto.
Cuando no existe una ley Rico, lo que se tiene es una ley para la ricos. Y ya va siendo hora de que todos nos empecemos a tomar esto como un asunto personal.
Artículo publicado en la edición impresa del diario del domingo, día 19 de abril de 2015
