El TSXG acaba de remitir a la alcaldesa de Lugo una providencia en la que apremia al Concello para que ejecute las sentencias que declararon ilegales la urbanización y los edificios levantados en O Garañón y que obligan a derribar lo construido. La notificación, que atiende una petición de la asociación en defensa del Parque, requiere que el Concello proceda a ejecutar los fallos judiciales e informe a esa sala de las medidas adoptadas hasta ahora en este sentido, «indicando quien es la autoridad o funcionario encargado de su ejecución», añade.
Fuentes del gobierno local aseguraron ayer que en la actualidad el Concello negocia con la Consellería de Cultura cómo reponer la legalidad en esta finca, de tal forma que ya hubo una primera reunión a la que seguirán otras. La intención del Concello sería la de consensuar un proyecto de demolición de las edificaciones y ver si se debe derribar todo lo construido o solo una parte.
En caso de que se pudiese conservar una parte de lo construido, el Concello podría ver reducida la posible indemnización a la empresa promotora, que reclama en el juzgado un total de 25,8 millones por la paralización de las obras.
LARA MÉNDEZ. Por su parte, la alcaldesa declaró ayer ante de iniciarse el pleno que quiere ser la regidora que «tire O Garañón», aunque añadió que eso lo querrían todos los lucenses, porque hay un «clamor social de que non se quere ese edificio alí». Sin embargo, matizó que también va a ser «a alcaldesa que vele polos intereses dos veciños».
La regidora dijo «entender» la demanda de la asociación del Parque para que se tiren las torres y también a la sociedad lucense «que está en contra dun edificio que no é acorde ao seu entorno. É o sentir xeralizado a título individual», apostilló.
No obstante, Lara Méndez apeló a que el gobierno local busca velar por los intereses de todos los lucenses. «E hai uns dereitos adquiridos polo promotor gústenos ou non, porque hai un plan xeral que lle deu uns dereitos que lle foron mermados con respecto aos aprobados inicialmente no ano 91», agregó.
La alcaldesa apeló a la cautela en este caso para evitar ir «en contra da sociedade lucense e das arcas municipais».
Durante el pleno, el grupo de Ace-EU pidió en un ruego al gobierno local la convocatoria de la comisión de O Garañón para que informe sobre la ejecución de las sentencias. El ejecutivo dijo que se estudiará la solicitud.
