La universidad gallega busca su fórmula de supervivencia. El curso se inauguró este mes con gritos en la calle y peticiones de más financiación y más autonomía por parte de los rectores, mientras la Xunta defendía su gestión de la enseñanza superior. Este año se estrenó también un nuevo marco normativo, la recién aprobada -con los únicos votos del PP- Lei do Sistema Universitario de Galicia, que modifica el texto de 1989 que dio pie a la actual configuración, articulada en tres universidades y siete campus. Entre las dos leyes median 24 años y un mundo, al que el sistema universitario gallego tendrá que adaptarse no sin esfuerzo.
La ley de 1989 se aprobó, según explicaba su preámbulo, para hacer frente a «unha das máis baixas taxas de escolarización universitaria de Europa» -el 19 por 100 de la población entre 17 y 24 años se encontraba matriculado en la universidad, frente al 27 por 100 de media en España-, un «incompleto e deficiente abano de titulacións»; «saturación nun gran número de centros de ensino universitario» y «deficencias infraestruturais no tocante á docencia, ó estudio e á investigación, e tamén no que atinxe ós recursos humanos, especialmente de profesorado».
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