Los servicios jurídicos de la Diputación de Lugo y una consultora externa, la firma Adade, coincidieron en sus informes sobre el contrato firmado hace 15 años por el Ayuntamiento de Monforte y la firma Aqualia, encargada desde entonces del sistema de abastecimiento de agua del municipio, que esta última dejó de invertir 2,4 millones de euros en diferentes actuaciones incluidas en la contrata.
En total son tres los informes que coinciden en lo mismo. El primero fue emitido meses atrás por los servicios jurídicos y financieros de la administración local, asumido como válido por el equipo de gobierno que lidera el socialista José Tomé y puesto en entredicho por los partidos de la oposición (PP, BNG y Esperta Monforte), que habían reclamado otros análisis, independientes.
En la tarde de este jueves, los portavoces de estos tres grupos recibieron copia de los documentos redactados por Adade y la Diputación a fin de que los analicen y decidan qué hacer.
Ese estudio dice que el Ayuntamiento le adeuda a la adjudicataria encargada del suministro de agua 41.500 euros
CONCLUSIÓN. Sin embargo, los informes de Adade y de la Diputación no analizan la deuda a la inversa, es decir, la que tiene el Ayuntamiento con Aqualia, algo en lo que sí entra el documento que hicieron los técnicos municipales. A modo de resumen, ese estudio dice que el Ayuntamiento le adeuda a la adjudicataria encargada del suministro de agua 41.500 euros.
Para llegar a esta cifra, los funcionarios municipales sumaron, por un lado, las inversiones realizadas por Aqualia desde el año 2001 y, por otro, las que tendría que haber hecho y no ejecutó. Una resta entre ambos conceptos arrojó como resultado que debe en obras 1.671.671 euros, ya que se han dado por buenas inversiones por un valor cercano a los 700.000 euros.
En cuanto a las obligaciones municipales hacia esta empresa, estas consisten en garantizar, como en cualquier concesión administrativa, el equilibrio económico de la misma. Desde hace 14 años el precio del agua en Monforte no ha subido ni un céntimo aunque fuese obligatorio llevar a cabo un ajuste anual conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).
El resultado hallado es una cantidad de 1.713.222 euros a favor de Aqualia. Una resta entre lo debido por unos y otros arroja un saldo favorable para la empresa concesionaria de 41.500 euros.
Lo que resta por saber es qué decisión adopta el pleno en un asunto que se prolonga desde 2001.
