Es un hecho notorio que el transporte es la causa de contaminación más significativa en las ciudades. Por eso, en estos tiempos en los que el medio ambiente se ha convertido por fortuna en algo a considerar y tener en cuenta por todos sin excepción, se hacen aseveraciones acerca de los que hacen mejores y peores políticas al respecto.
Como siempre, unos quieren exhibir eficacia y otros centran su discurso en la descalificación y en afirmaciones que no responden a la verdad, al menos tal como se formulan.
En efecto, los conservadores, que se reivindican siempre como buenos gestores, y la verdad es que suelen serlo, enfatizan el valor de sus iniciativas y los efectos que de ellas se esperan. La izquierda magnifica sus propuestas y tiende a convertirlas en iconos de la buena acción medioambiental, sin que, hay que decirlo, ordinariamente haya fundamento para que sea así.
Un ejemplo ha sido lo que viene sucediendo con Madrid Central, una propuesta del anterior gobierno municipal de Ahora Madrid-Podemos-PSOE, que no llegó a ponerse absolutamente en marcha, que ahora no se deja sin efecto sino que se parchea por el actual Gobierno PP-Cs, que quiere superarlo con medidas que da la impresión de que aún no están suficientemente elaboradas.
Barcelona ha puesto en marcha este año una política restrictiva que consiste en no dejar acceder a gran parte de la ciudad, a un ámbito más amplio que Madrid Central, denominado Zona de Bajas Emisiones, a los vehículos sin distintivo de Tráfico; o sea, los que carezcan de los denominados B o C.
Esta semana oí en un programa de radio a concejales madrileños de todos los carismas de la izquierda reprochar al concejal delegado del área del Ayuntamiento de Madrid su poco o nulo compromiso con el medio ambiente, justificando sus puyas en lo que está sucediendo con Madrid Central.
Corolario de todo ello es que a coro, por decirlo de alguna manera, los munícipes de la izquierda participantes en el programa achacaron genéricamente al PP —a la derecha, según dijeron— su apuesta por el vehículo particular, en definitiva por una política de favorecimiento del mismo mala para la contaminación ambiental.
Madrid Central es una propuesta del anterior gobierno municipal de Ahora Madrid-Podemos-PSOE que no llegó a ponerse absolutamente en marcha
Eso es lo dicho hoy en 2020 en un programa de radio. Pero del dicho al hecho, como dice el refrán, hay gran trecho. Y no por lo que digan estos o manifiesten los otros. En esto del tráfico la apuesta medioambiental no es otra —no lo puede ser— que incentivar, mejorándolo, el transporte público. Lo demás son ‘romances’, qué quieren que les diga.
Pues bien, los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid construyeron 234 kilómetros de metro en los mandatos de los años 90 y el primer decenio de este siglo. La red de metro de Madrid, con 294 kilómetros, es merced a ello la tercera de Europa, solo tras las de Londres y Moscú, y más extensa que la de París, pues esta solo tiene 220 kilómetros.
No parece que pueda decirse que la apuesta del conservadurismo sea la que le imputa la izquierda reiterando su militante conclusión sobre la política de los otros. Es más, las administraciones de izquierdas solo construyeron 14 kilómetros del metro madrileño en el tiempo en que las decisiones estuvieron en sus manos.
Y la comparación de Madrid con Barcelona, teniendo en cuenta que la izquierda —salvo un breve periodo— ha gobernado la ciudad condal desde las primeras elecciones municipales de la democracia, es llamativa. Barcelona tiene hoy 123 kilómetros de metro. Sumando incluso algunos retales de viejos ferrocarriles que puedan considerarse parangonables, la red barcelonesa puede entenderse que tiene 166 kilómetros. Hay que tener en cuenta que la red de Barcelona tenía 86 kilómetros en 1997, y que en dicho año la de Madrid era de 119 kilómetros.
Es más, e incidiendo en lo que suponen medidas de favorecimiento del uso del trasporte público, por poner un ejemplo vivo: el consorcio de trasportes de Madrid facilita la tarjeta de tercera edad a los mayores de 65 años, actualmente por 9,30 euros al mes sean o no vecinos de la comunidad autónoma. En Barcelona, después de una última decisión del gobierno municipal encabezado por la señora Colau de comunes y confluyentes diversos sobre que el beneficio es menor, solo pueden acceder a él los vecinos de Barcelona mayores de 60 años, que deben proveerse de una denominada tarjeta rosa (gran facilidad), que en la actualidad requiere —si el peticionario es una persona que vive sola— tener una renta anual inferior a 8.271,55 euros. El municipio de Sevilla es aún más imaginativo en lo que a las tarjetas de tercera edad se refiere. Las hay gratis para personas en situación de dificultad, más baratas si no se supera un umbral de renta, y no tienen derecho a ella los demás
En resumen, los hechos desmienten de forma innegable los énfasis exclamatorios de los munícipes madrileños de la izquierda de hoy. Su ayer no les acredita, y en la vida además de lo que se dice está lo que se hace y lo que no se hace. O dicho en latín: «Loqui facile, praestari difficile» (Hablar es fácil, prestar es difícil). Pues nada, a seguir hablando…
